Un total de 67 muertes violentas se registraron durante 2023 en las cárceles de Ecuador, que se suman a las más de 450 ocurridas desde 2020, según reveló esta semana el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la agencia penitenciaria del Estado.
En su informe anual presentado este miércoles, el director general del SNAI, Luis Zaldumbide, aseguró que en estos últimos años las cárceles de Ecuador han tenido un pico de más de 500 muertes violentas, pero destacó que desde inicio de 2024 no se ha registrado ninguna.
Entre los episodios ocurridos el año pasado destaca una matanza con 13 presos asesinados, según cifras oficiales, en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y poblada de Ecuador, donde también fueron ahorcados seis de los siete sicarios colombianos que participaron en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
Zaldumbide atribuyó la ausencia de muertes violentas en lo que va de año al estado de excepción y “conflicto armado interno” declarado por el Gobierno del presidente Daniel Noboa contra las bandas del crimen organizado.
Esa medida llevó a la militarización de las cárceles, hasta entonces controladas muchas de ellas por las bandas criminales, cuyas rivalidades causaron una serie de masacres carcelarias desde 2021.
El director del SNAI, que está a cargo de la gestión y control de las 35 prisiones operativas en Ecuador, defendió la legalidad de las intervenciones de la Policía y de las Fuerzas Armadas de la cárcel ante denuncias de violaciones de derechos humanos presentadas por organizaciones que velan por el cumplimiento y respeto de estos derechos.
Armas de fuego y armas blancas requisadas
Bajo el actual estado de excepción los policías y militares permanecen en las cárceles, en lugar de las intervenciones realizadas el año pasado, donde ingresaban puntualmente para realizar requisas, donde confiscaron grandes arsenales de armas en poder de los presos.
De acuerdo al informe del SNAI, en 33 operativos en cárceles en 2023 se requisaron 153 armas de fuego, cerca de 40.000 balas, 184 cargadores de balas y 1.212 armas blancas, así como 551 explosivos, 48 kilos de droga.
Estos hallazgos llevaron incluso a que algunos funcionarios del SNAI sean procesados, pues en una de las prisiones de Guayaquil se encontraron armas en las oficinas administrativas.
Zaldumbide comentó que actualmente la población carcelaria de Ecuador asciende de 30.804 presos, de los que el 94,5 % son hombres y el 5,5 % mujeres, con un nivel de hacinamiento a nivel nacional del 11,79 %.
Sin embargo, el director del SNAI advirtió que más de 11.000 presos se encuentran procesados a la espera de sentencia.
“Gracias al trabajo integrado con la Unión Europea (UE) y la voluntad del Gobierno de Italia se está trabajando en este tipo de cosas (para bajar el hacinamiento)”, dijo Zaldumbide, que abogó por incentivar los arrestos domiciliarios, los grilletes electrónicos e incluso los indultos para rebajar la población penitenciaria.
Actualmente señaló que hay 52 reclusos con arresto domiciliario, 605 con grilletes electrónicos y más de 2.500 con libertad condicional.
Repatriaciones en marcha
También han iniciado el proceso para repatriar presos extranjeros como anunció el presidente Noboa, que meses atrás habló de enviar a sus países de origen a 1.500 presos colombianos y venezolanos.
Las gestiones ya se han comenzado a hacer con Colombia y Perú, si bien para que se dé la repatriación deben darse algunas condiciones, como que el recluso dé su consentimiento, que tenga una sentencia ejecutoriada y no tenga otros procesos en marcha ni indemnizaciones pendiente de pago a personas particulares.
Zaldumbide también habló del cuerpo de vigilancia penitenciario, que actualmente está conformado por 2.842 guardias, de ellos 1873 hombres y 969 mujeres, lo que da un ratio de un guardia por cada once presos, cuando los estándares internacionales señal que debe ser al menos de un vigilante por cada siete reclusos.
También incidió en que la mayoría de cárceles de Ecuador ya han cumplido su vida útil, con casos como la cárcel de Imbabura, de 107 años, y la de Carchi, de 75 años.
Además, destacó la recuperación de la cárcel de máxima seguridad de La Roca, después de que un dron bomba destruyese su techo, enviado presuntamente por organizaciones criminales.
Zaldumbide también mencionó que ahora se trabaja en la construcción de las dos cárceles de máxima seguridad anunciadas por Noboa con capacidad para unas 700 presos cada una, con un modelo similar a la ‘megacárcel’ construida en El Salvador bajo el mandato presidencial de Nayib Bukele.
Vía: EFE
