Los latinos en Texas, que ya superaron a la población blanca no hispana en ese estado, enfrentarán a partir de 2024 una de la leyes antiinmigrantes más severas, similar a una de Arizona que afectó a esta comunidad sin importar que fueran ciudadanos o residentes legales en Estados Unidos.
Ambas leyes, la SB1070 de Arizona, aprobada en 2010, y la SB4 de Texas, firmada la semana pasada por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, se prestan para la discriminación racial por parte de la policía, según expresaron a EFE expertos.
Las dos otorgan poder a los policías para arrestar a inmigrantes indocumentados y aquellos sospechosos de haber cruzado la frontera de manera irregular basados en el color de la piel o el idioma que hablen.
«Texas tiene un alto porcentaje de población latina (40 %), todos ellos serán el blanco de esta ley», dijo a EFE Lydia Guzmán, directiva de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), la más antigua organización hispana de EE.UU.
«En Arizona mucha gente dejó el estado molesta por esta ley, se hizo un boicot económico, las escuelas perdieron muchos estudiantes y eso podría suceder también en Texas», recordó la directora nacional de Inmigración de LULAC.
Defensores de los migrantes consideran que esta nueva ley no solo afectará a aquellos indocumentados, sino a todos, así sean residentes legales o incluso ciudadanos estadounidenses.
«En Arizona hace más de una década un movimiento conservador republicano logró que se aprobara la SB1070, lo que fue un claro ataque a los derechos civiles de todos los latinos», dijo a EFE el abogado Daniel Ortega, que peleó contra esa iniciativa.
Ambas leyes, recuerdan, se aprobaron bajo la bandera de luchar en contra de la inmigración indocumentada y de asegurar la frontera.
Conocida en Arizona como la ley de «muéstrame tus papeles», la SB1070 causó un fuerte impacto económico y social que activistas auguran ahora para Texas.
Una coalición nacional presentó para entonces una demanda que llegó hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos con el argumento de que violaba la Constitución del país.
Ortega recuerda que la premisa era que «se enfocaba en un solo grupo étnico y que no solo afectaría a inmigrantes indocumentados sino también a ciudadanos».
«Esta ley otorgaba el derecho de discriminar basándose solo en el color de la piel y el idioma», agregó el abogado.
Al final el Supremo eliminó partes de la SB1070, entre ellas una que castigaba a aquellos que transportaban inmigrantes indocumentados, sin importar que fueran familiares, y otra que exigía a los migrantes portar consigo siempre sus documentos migratorios.
Sin embargo, el Supremo mantuvo «el corazón» de la SB1070, que permite a la policía cuestionar el estatus migratorio de las personas que son detenidas, incluyendo por simples infracciones de tráfico.
Esta política ha causado que muchos indocumentados que manejan sin licencia en Arizona sean detenidos, entregados a inmigración deportados.
Guzmán y Ortega anticiparon que ya se preparan para luchar en las cortes contra de la SB4, y temen que la nueva batalla sea más difícil.
La SB4, que entra en vigor el próximo febrero, castiga severamente a quienes sean descubiertos transportando inmigrantes indocumentados, al igual que aquellos que los alberguen en casas de seguridad.
Busca además aumentar con penas de entre seis meses a cinco años de cárcel a migrantes que sean indocumentados dependiendo de si tienen récord criminal.
Ortega señaló que los argumentos contra la ley de Texas seguramente serán escuchados por la corte federal del Quinto Circuito, «uno de los más conservadores del país» y en el que han tenido varias decisiones migratorias adversas.
Agregó que también la Corte Suprema del país no es la misma que escuchó los argumentos contra la SB1070, pues ahora es aún más conservadora y podría alinearse con todos los aspectos de la SB4.
«Sería desastroso, podríamos tener una nueva serie de leyes similares tratando de ser implementadas por otros estados», dijo Guzmán.
Al igual que en Arizona, la activista considera que Texas «pagará» un precio muy alto por aprobar este tipo de legislaciones que «legalizan» el perfil racial y ponen en riesgo los derechos de los latinos.
Sin embargo algo que aprendieron de la lucha en contra de la SB1070 los grupos defensores de los derechos civiles es que hay que tener pruebas contundentes para retar estas leyes en las cortes.
«Debemos esperar a que la SB4 entre en vigor y comience a violar los derechos de residentes legales y ciudadanos, con estos casos podremos retarla de inmediato en las cortes», dijo Guzmán.
Con información de EFE
