Los migrantes y refugiados venezolanos inyectarán 530 millones de dólares (506 millones de euros) a la economía peruana en 2024, según estima la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que presentó este jueves un estudio en Lima en el que se revela el impacto económico de esta población.
El informe indica que la contribución de los venezolanos representará el 1,35 % de los ingresos totales impositivos de Perú en 2024.
Y destaca que el 96,1 % de sus gastos permanecen en el país y solamente un 3,9 % es enviado en concepto de remesas.
«La migración actúa como un poderoso catalizador del desarrollo y este estudio brinda evidencia contundente de cómo se puede estimular el progreso económico y social en las naciones de acogida», indicó el enviado especial de la OIM para la Respuesta Regional a los flujos de Migrantes y Refugiados, Diego Beltrand, en el comunicado difundido.
El estudio detalla que, con la regularización total de los venezolanos y su inserción en el mercado laboral formal peruano, su impacto fiscal podría alcanzar casi 797 millones de dólares por año, representando un 2 % de los ingresos totales impositivos del país.
Otra de las conclusiones es que el 81 % de los migrantes y refugiados del país caribeño en edad laboral cuentan con un puesto de trabajo.
Asimismo, destaca que un 49,3 % tiene diplomas de educación superior, pero han sido empleados por el mercado laboral informal y solamente un 9,5 % trabaja en el campo de su competencia, sobre todo por los obstáculos para validar sus calificaciones.
Alerta de que un porcentaje inferior al 10 % tiene éxito en ese proceso de validación.
Por otro lado, pone de relieve que las mujeres migrantes enfrentan barreras significativamente más difíciles en relación a las oportunidades laborales en comparación con los hombres, y «un porcentaje alarmante» del 43,7 % no tiene empleo.
Subrayó que, a pesar de las iniciativas emprendidas por organizaciones para el desarrollo e instituciones financieras para mejorar las oportunidades laborales de los migrantes, hay desafíos que persisten.
Especialmente en el acceso a los servicios públicos, como los de educación y cuidados de la salud, «que obstaculizan su capacidad de hacer contribuciones significativas a las comunidades de acogida».
Con información Unión Radio
