La “falta” de personal especializado y la “insuficiente” formación en temas de género son algunos de los problemas identificados por la ONG Acceso a la Justicia en la atención judicial a las mujeres en Venezuela, según un informe presentado esta semana por la organización no gubernamental.
El documento, elaborado también con aportes de 22 ONG, señala que en el país, con una “cultura impregnada de machismo”, la relación de las mujeres con la justicia “está rodeada de un halo de duda sobre su testimonio, motivación o responsabilidad en la violencia”.
Ante esta realidad, prosigue, la revictimización “no es una sorpresa o un evento aislado y genera la inhibición de las víctimas de asumir procesos legales que las exponen”, factores que, de acuerdo al informe, facilitan “la impunidad de los delitos de violencia de género”.
“El cuestionamiento del testimonio de las víctimas y de su merecimiento de protección, justicia y reparación genera en ellas una sensación de desamparo y menosprecio, y los prejuicios de los operadores de justicia influyen en el proceso judicial, inciden en la credibilidad que se atribuye a las víctimas y menoscaba sus derechos a medidas de protección y una sentencia justa”, señala.
Además, indica que, al “machismo imperante como problema estructural”, se suma “la falta de voluntad política para asumir la transformación social en el país en estos temas”.
La activista Estefanía Mendoza, directora de la ONG Mulier, explicó en la presentación del informe, realizada de forma virtual, que “se ha perdido la poca capacitación y sensibilización” en las instituciones a causa de factores como la migración y los “bajos” salarios.
“Tenemos una situación en la que esa inversión, que es casi nula o inexistente, pero la poca que existe, que en muchos casos recae en organizaciones de la sociedad civil o en organizaciones de las Naciones Unidas, pues también se pierde por el fenómeno de la migración y los bajos salarios”, sostuvo.
Además de la falta de personal especializado, el informe señala problemas como una “inadecuada” infraestructura, condiciones “precarias” de instalaciones y accesibilidad “limitada” para personas con discapacidad, además de “obstáculos” en la implementación de medidas de protección y “demoras” en la atención de casos.
Por tanto, entre otras recomendaciones, el informe insta a mejorar la infraestructura y dotar a los tribunales de los recursos necesarios, así como implementar programas de formación y sensibilización para el personal judicial en temas de violencia de género.
En noviembre, las autoridades venezolanas informaron de un plan “estratégico” de atención en distintas áreas con el propósito de construir una sociedad “más justa e igualitaria” en favor de las mujeres.
Según datos oficiales, un total de 540 hombres fueron condenados por feminicidios en siete años -hasta octubre pasado-, cuando la Fiscalía registró 1.279 causas relacionadas con este crimen.
Vía: EFE
