La ONG VE Sin Filtro denunció este domingo 28 de enero la “ausencia de un marco jurídico” en Venezuela que garantice la protección de los datos personales que la ciudadanía confía a organismos y empresas del Estado, así como a compañías privadas.
A propósito de celebrarse este domingo el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, la organización reiteró “la necesidad de que en Venezuela existan leyes y procedimientos que ofrezcan garantías y resguarden la información de todos”
Explicó que los datos e información personal, solicitada por empresas públicas y privadas para distintos procedimientos o trámites, debe ser recopilada y procesada de “forma transparente, consensuada y lícita”.
“En un contexto en el que cada vez son más las aplicaciones administradas por el gobierno y en el que se ha hecho evidente el interés de utilizar y acceder a datos personales con fines de control social y político, los usuarios deben ser más cautelosos y el Estado garantizar que esas aplicaciones y sus datos no serán abusados”, apuntó la ONG.
Violaciones a la privacidad
La organización recordó que en 2022 registró “la acción del aparato de vigilancia masiva de las telecomunicaciones en Venezuela”, a través de un reporte de transparencia de una empresa privada en el que se “evidenció que, en 2021, más del 20 % de todas las líneas” de esa operadora “fueron interceptadas”.
Además, aseguró que ha podido documentar “cómo se entregan datos personales a organismos del Estado sin orden judicial”.
Al respecto, destacó que ante solicitudes de información por parte de organismos del Estado, es necesario respetar la privacidad de las personas y entregar información “solo en investigaciones legítimas” que cumplan estándares internacionales de derechos humanos.
En enero de 2022, la organización Espacio Público también denunció que Venezuela estaba rezagada en el desarrollo y protección legal de los datos personales, esto mediante un informe titulado Privacidad y datos personales: ¿cuál es la situación actual en Venezuela?.
“El Estado sigue en deuda con concretar el mandato constitucional en una regulación legal en un contexto de institucionalidad democrática”, menciona el texto.
En la investigación, se identificaron patrones, a partir del registro de casos de violaciones a la libertad de expresión, que incluyeron vulneraciones directas e indirectas al derecho a la privacidad o involucraron acceso indebido a información personal.
De igual forma, se observaron casos de detención por publicaciones a través de aplicaciones de mensajería instantánea, específicamente WhatsApp; también ocurrieron violaciones por la vigilancia y robo de información.
“Un marco legal débil va de la mano de una voluntad represora que en su intento de obstaculizar la libre difusión de contenidos violenta -por acción u omisión- el derecho a la privacidad y protección de datos; con ello se restringe la libertad de información, se castiga la difusión de la opinión e incluso se vulnera el derecho a la propiedad”, sentencia el informe.
Con información de EFE
