A través de una nota de prensa, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, OVP, alertó que trasladar a cientos de manifestantes detenidos en contextos postelectorales a las cárceles rehabilitadas de Tocuyito y Tocorón puede interpretarse como un acto de venganza y tortura.
Este martes 26 de agosto se conoció que unas 300 personas que fueron aprehendidas en diferentes manifestaciones por efectivos de seguridad estaban siendo trasladadas a estos dos penales, ubicados en Carabobo y Aragua, respectivamente.
Refiere el OVP que el Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón y el Internado Judicial de Carabobo, como como Tocuyito, durante muchos años fueron foco de atención por la corrupción, riñas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas, armas, esclavitud y otras violaciones contra los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Luego, entre setiembre y octubre de 2023 penales de Tocuyito, Tocorón, Vista Hermosa, Trujillo, Yaracuy, La Pica y Puente Ayala fueron los intervenidos, con un total de más de 8 mil presos trasladados a otros sitios de reclusión.
De ese total, más de 3.254 eran presos de Tocorón y Tocuyito, quienes confiaron en la promesa del ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, que les aseguró que esos traslados eran “temporales y circunstanciales”.
A casi un año de promesas olvidadas
Expone la ONG en su comunicado que “casi un año después de promesas olvidadas, Tocorón y Tocuyito vuelven a la palestra pública cuando Nicolás Maduro dijo que estas instalaciones serían reacondicionadas como cárceles de máxima seguridad para encarcelar a miembros de la sociedad civil, trabajadores de la prensa, defensores de DDHH, abogados y dirigentes políticos que se opongan” al gobierno nacional.
En este sentido, se pregunta la organización “¿cuál debe ser el procedimiento para calificar a más de 2.000 detenidos para trasladarlos a un centro de reclusión de máxima seguridad? Primero es fundamental hacer una clasificación de los detenidos que esté vinculada al concepto de “evaluaciones individualizadas”.
Explican que “una evaluación individualizada, en el contexto penitenciario, se refiere al análisis sistemático del recluso utilizando técnicas como instrumentos estructurados, un examen de la documentación disponible, entrevistas y observaciones para determinar sus riesgos futuros (incluido el riesgo de lesiones autoinfligidas o suicidio, riesgo para el personal penitenciario o para otros reclusos, el riesgo de destrucción de infraestructura, riesgo de fuga y el riesgo para el público en caso de fuga), así como los factores que deben tenerse en cuenta para reducir o gestionar esos riesgos.
Con información de Radio Fe y Alegría
