El 76,7 % de la población de Venezuela, sobre todo en el oeste del país, califica de manera negativa la calidad del servicio eléctrico, informó este jueves la ONG Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), que reporta un incremento de 33,5 puntos en esta percepción frente al 43,2 % de su anterior medición, en marzo de este año.
La organización explicó que esta opinión negativa responde a las «frecuentes fluctuaciones e interrupciones» en el suministro de electricidad, que han ocasionado incluso que se dañen aparatos eléctricos, como reportó el 7,8 % de los ciudadanos, según la medición de noviembre, aplicada en una docena de las principales ciudades del país, incluyendo Caracas.
La percepción negativa es mayor en el oeste de la nación petrolera, en ciudades como Barinas, Maracaibo y Mérida, donde más del 90 % de los ciudadanos está insatisfecho con el servicio, que presta el Estado a través de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).
Entretanto, en Caracas, un 52,2 % de la población valora el servicio positivamente; en Porlamar -en la isla de Margarita-, un 39,3 %; en Barcelona, un 30,3 %; y Ciudad Bolívar, un 26,5 %, por lo que las opiniones negativas son menores en estas zonas que en el resto del país, aunque, a excepción de la capital, todas superan el 50 % de descontento.
Según la medición, el 54,7 % de los venezolanos sufre fallas eléctricas a diario, lo que representa una «desmejora de 41 puntos porcentuales con respecto a marzo», cuando la cifra era del 13,7 %.
El observatorio insistió en la necesidad de elaborar e implementar políticas públicas centradas en el sistema eléctrico para la «conservación y seguridad del fluido eléctrico en los hogares».
Denuncias de ciudadanos a través de redes sociales y reportes de medios locales en los últimos meses han dado cuenta de una agudización de la crisis de los servicios, sobre todo el eléctrico, que registró una serie de fluctuaciones en Caracas y en la mayoría de los 23 estados el pasado septiembre.
En marzo de 2019, Venezuela vivió dos apagones nacionales que se extendieron durante varios días, tiempo en el que el país se paralizó sin servicio de telefonía, internet o transporte.
El Gobierno achaca la crisis eléctrica a ataques programados, fundamentalmente desde Estados Unidos, y a las sanciones internacionales, mientras que opositores y expertos señalan como causas la falta de mantenimiento y «la corrupción».
