Pacientes “castigados”, atados durante semanas, aislados y expuestos a agresiones, son algunas de las atrocidades descubiertas por una inspección realizada el pasado septiembre en un psiquiátrico de Galicia, en el noroeste de España y cuyo informe se ha conocido este jueves.
Las prácticas irregulares se detectaron durante una inspección sorpresa del Defensor del Pueblo el hospital de La Robleda, un centro privado de Salud Mental y tratamiento de Toxicomanías en A Coruña, donde también se atiende a pacientes de la sanidad pública.
Dos técnicos entrevistaron a trabajadores y pacientes, revisaron la documentación del centro y las cámaras de vigilancia para elaborar un informe, al que ha tenido acceso EFE, que revela una “mala praxis” continuada.
El documento informe habla de las contenciones como una “práctica habitual”, a veces “durante semanas” en las que únicamente se desata al paciente para higiene personal.
Los técnicos ponen dos ejemplos ilustrativos: la sujeción de una persona tranquila, sin agresividad y que colabora; y otra inmovilización que duró 9 días, seguida de otros 3 más de aislamiento habitacional.
“Aislar” es otra “práctica común” sin soporte legal, que no está recogida en circulares ni documentos internos, detallan. Y ponen el foco en los menores, pues para este colectivo se cierran dos habitaciones del centro generando un “falso espacio diferenciado”, con acceso a un cuarto y a una pequeña sala, y no al resto, causando así un “riesgo aún mayor a una edad crítica”.
Riesgo de abusos
Para subsanar malas praxis descritas, subrayan la necesidad de extremar el rigor en la detección de casos de posible agresión sexual.
Citan la denuncia de una mujer que relata que se le tocan sus partes íntimas y es insultada, pero no se menciona “resultado” alguno de la comprobación de la veracidad del testimonio a través de las cámaras que funcionan 24 horas en la mayor parte de las estancias.
Así mismo, los técnicos se refieren a un funcionamiento “especialmente irregular” de estas cámaras.
Hay, además, un exceso de “politerapia con antipsicóticos” y una utilización de la propia cama de las personas ingresadas como “cama de contención”, por lo que deben dormir en un lecho en el que han vivido episodios de manera “altamente traumática”.
En el momento de la inspección el centro contaba con 94 pacientes y una única psicóloga encargada de atender a todos.
Entre los ingresados es llamativo el caso de un paciente ingresado durante “once años” y de otro en internamiento pese a que en las 185 páginas de sus notas clínicas figuraba “hasta 1.798” veces que se mantenía estable, “sin cambios”.
Los inspectores llaman la atención sobre la elevada duración de los internamientos involuntarios y la falta de un protocolo de valoración y procedimiento diagnóstico.
Con información de EFE
