El Gobierno de Irán criticó este miércoles el apagón del internet global que mantiene a casi toda la población desconectada desde hace 54 días, en una admisión de los límites de su propio control sobre las comunicaciones, un ámbito que está bajo la órbita del poderoso Consejo Supremo de Seguridad Nacional.
“Debe evitarse cualquier forma de restricción o discriminación en el acceso a Internet”, afirmó esta mañana el vicepresidente primero de Irán, Mohamad Reza Aref, en un encuentro con el ministro de Comunicaciones, Satar Hashemi.
Aref sostuvo en sus declaraciones que un “internet por niveles y con un mecanismo de segregación del acceso son incompatibles con el enfoque del Gobierno orientado a la justicia” y consideró que la conexión a la red es “una de las necesidades básicas de la población y debe ser reconocido como un derecho público para todos los ciudadanos”.
Las declaraciones del vicepresidente se producen en el día 54 de la desconexión del país del internet global por el comienzo de la guerra con Estados Unidos e Israel, con el 99 % de la población sin acceso a las redes, y solo un pequeño grupo de políticos, periodistas y negocios con conexiones.
Poder limitado del Gobierno
Si el Gobierno se opone aparentemente al bloqueo de internet entonces ¿por qué continúa cerrado?
El Ejecutivo y el presidente del país tienen un poder limitado en la República Islámica, algo que admitió el actual mandatario Masud Pezeshkian durante la campaña de las elecciones de 2024, cuando reconoció que no podía indultar a presos políticos.
Y es que la Constitución iraní otorga bastos poderes al líder supremo Mojtaba Jameneí, a quien no se ha visto en público ni escuchado desde su nombramiento el 8 de marzo, y quien tiene la potestad de definir las políticas generales de la República Islámica y la designación de altos cargos clave.
Pero también tiene mucho poder el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el órgano más importante del país donde se sientan el presidente, los ministros de Exteriores e Interior, los presidentes del Parlamento y el Poder Judicial, dos representantes del líder supremo, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria y del Ejército regular.
La Constitución iraní establece que este consejo determina las políticas de defensa y seguridad del país, dentro del marco de las políticas generales establecidas por el líder supremo.
Al secretario de este órgano, quien lo gestiona en el día a día, lo nombra el presidente, cargo que ocupa ahora el conservador y ex guardia revolucionario Mohamad Bager Zolgadr, nombrado recientemente tras el asesinato en la guerra de su antecesor Alí Lariyani.
Así, el Gobierno es uno más de los varios centros de poder que se sientan en este consejo, como aclaró en las elecciones presidenciales de 2024 el entonces ministro de Información y Tecnologías de Comunicación, Issa Zarepour, en medio de un debate sobre la censura de internet en el país persa.
“Aquellos que llaman a la eliminación del bloqueo de internet deben reconocer que esas decisiones se toman a menudo en reuniones donde el consenso del Gobierno no se alinea con la opinión mayoritaria”, dijo Zarepour en respuesta a una promesa electoral para acabar con la censura de las redes sociales.
El propio Pezeshkian vino a reconocer esa limitación del Ejecutivo cuando se produjo un corte de internet de varios días por las protestas antigubernamentales en enero.
“Dada la necesidad de facilitar las actividades de los negocios en Internet y de reducir las restricciones en las comunicaciones recomendé al señor Ali Larijani que se levanten lo antes posible las limitaciones sobre Internet”, dijo en referencia al anterior secretario de Consejo Supremo.
La gestión del internet causa polémica en Irán desde hace años por la censura de numerosas aplicaciones extranjeras como Instagram, Whatsapp o X, entre otras, aunque los usuarios sortean estas prohibiciones con el uso de VPNs.
Además, algunos usuarios tienen lo que se conoce como “tarjetas blancas” con acceso a internet sin censura y que en tiempo de corte de las conexiones siguen funcionando.
Entre estos privilegiados usuarios se encuentran altos cargos políticos y periodistas, lo que causa malestar entre la población.
Con información de EFE
