Las deportaciones de extranjeros se incrementaron un 85 % en Polonia en los dos primeros meses de 2025, según datos difundidos este lunes por la comandancia de la Guardia Fronteriza polaca, mientras el Gobierno ha diseñado un nueva y más restrictiva política migratoria.
El informe de la Guardia Fronteriza indica que, entre enero y febrero, se produjeron más de 1.300 deportaciones, en comparación con las 700 registradas en el mismo periodo del año anterior.
Según el teniente coronel Andrzej Juźwiak, portavoz de la Guardia Fronteriza, «la mayoría de los deportados eran ciudadanos de Georgia, Bielorrusia y Moldavia», y en concreto «casi la mitad de todas las deportaciones fueron efectuadas contra georgianos (260 casos) y bielorrusos (220)», siendo el resto moldavos (150), además de 90 colombianos y mas de 80 ucranianos».
La intensificación de las deportaciones es una respuesta directa al «problema de mafias extranjeras» al que aludió recientemente el ministro polaco del Interior, Tomasz Siemoniak, quien aseguró que en los últimos años han proliferado las «bandas con métodos similares a los de los años 90′» y contra quienes prometió aplicar una «tolerancia cero».
Monika Szpunar, portavoz de la Guardia Fronteriza de Silesia, explicó este lunes en una rueda de prensa en Varsovia que «por lo general se trata de reincidentes, condenados por agresiones, peleas, lesiones corporales y con prohibiciones de conducir que a menudo incumplen».
Para hacer más expeditivo el proceso, las autoridades polacas están deteniendo a los extranjeros inmediatamente después de salir de prisión, ya sea de manera preventiva o por haber cumplido la condena, para proceder inmediatamente a enviarlos de vuelta a sus países.
La emisión masiva de visas humanitarias a bielorrusos a partir de 2020, tras las elecciones fraudulentas y la represión del régimen de Aleksandr Lukashenko, también está bajo la lupa, pues según datos oficiales se emitieron 53.000 visas en cuatro años, lo que, según la Guardia Fronteriza, «derivó en abusos, como la entrada en Polonia de espías de Minsk con identidades falsas».
«La emisión masiva de visas humanitarias, prácticamente sin control ni verificación, ha resultado contraproducente y ahora nos estamos deshaciendo de aquellos que no las merecen», señalaron las autoridades polacas.
El pasado viernes, el primer ministro, Donald Tusk, anunció que su país ya no cumplirá con el Reglamento de Dublín de la Unión Europea (UE) sobre el retorno de solicitantes de asilo, una convención en vigor desde 1997 que establece que el primer Estado miembro en el que un solicitante de asilo presenta una solicitud de protección es responsable de procesarla.
Según Tusk, «debido a la presión migratoria, el gran número de refugiados de Ucrania y los problemas en la frontera oriental, Polonia ya soporta suficientes cargas relacionadas con la guerra (en Ucrania) como para que alguien se atreva a añadirle más cargas».
Tras el anuncio de Tusk, la Comisión Europea recordó a Polonia que «todos los Estados miembros están obligados a cumplir plenamente las normas de asilo vigentes».
Por otra parte, el jefe del Ejecutivo polaco exhortó la semana pasada al presidente, Andrzej Duda, para que ratifique cuanto antes una nueva ley, ya aprobada por el Parlamento y el Senado, que prevé denegar el derecho de asilo.
Con información de EFE
