En las últimas dos semanas, el empresario en serie Elon Musk ha lanzado una diatriba pública contra Alexandre de Moraes, uno de los once jueces del Tribunal Supremo de Brasil. El litigio se refiere a X, una empresa de medios sociales de la que Musk es propietario. El 6 de abril, X anunció que un tribunal brasileño le había ordenado bloquear un conjunto no revelado de cuentas “populares” o enfrentarse a cuantiosas multas. En lugar de ello, Musk dijo que levantaría las restricciones impuestas a las cuentas brasileñas previamente suspendidas y amenazó con cerrar X en Brasil. Moraes abrió entonces una investigación contra Musk por obstrucción a la justicia. Musk denunció que la censura en Brasil es peor que en “cualquier país del mundo en el que opere esta plataforma”, y calificó a Moraes de “dictador” que debería ser destituido y juzgado “por sus crímenes”.
Hasta aquí, todo hiperbólico; el 15 de abril se supo que X había enviado una carta al Tribunal Supremo de Brasil, asegurándole que cumpliría sus órdenes. Pero la polémica es reveladora en dos aspectos. Una es el poder del Tribunal Supremo de Brasil, que goza de una autoridad desmesurada sobre la vida de los brasileños. La otra es el debate sobre cómo regular las redes sociales sin perjudicar la libertad de expresión. Los brasileños adoran las redes sociales. Según GWI, una empresa londinense de estudios de mercado, pasan una media de tres horas y 49 minutos al día deslizando y desplazándose por las redes, más que en cualquier otro lugar. También son los que más mensajes envían por WhatsApp, una plataforma de mensajería, y dependen mucho de las redes sociales para informarse. Esto hace de Brasil un terreno fértil para la propagación de la desinformación y los esfuerzos por regularla.
Hasta ahora, la regulación se ha dejado en manos del Tribunal Supremo de Brasil. La fuerza de este órgano se remonta al periodo posterior a la dictadura militar que terminó en 1985, cuando se convocó una asamblea para reescribir la Constitución del país. Se redactó una de las cartas más largas del mundo, que abarcaba desde la baja por maternidad hasta los salarios públicos. También permitió a los partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones presentar demandas directamente ante los tribunales, en lugar de que se filtraran desde instancias inferiores.
La prolijidad de la Constitución, combinada con la posibilidad de que un amplio abanico de actores presenten peticiones, significa que “casi todo puede llegar al Tribunal”, afirma Luís Roberto Barroso, Presidente del Tribunal. El Tribunal Supremo de Estados Unidos recibe unas 7.000 peticiones al año, y examina las 100-150 que considera de relevancia nacional. En 2023 conoció de más de 78.000 nuevos casos y dictó más de 15.000 sentencias.
Para hacer frente a esta carga de trabajo, el tribunal brasileño permite que los jueces resuelvan los casos individualmente. Exigir que se pronuncie el tribunal en pleno llevaría meses o incluso años. En un año normal, sólo alrededor del 10% de las decisiones del tribunal son adoptadas por el pleno, afirma Diego Werneck, del Insper, una universidad de São Paulo. El resto son unilaterales. Esto ha dado lugar a acusaciones de que los jueces no elegidos tienen demasiado poder. “Decidimos casos que en otras partes del mundo se dejan en manos de la política y la legislación ordinaria”, dice Barroso. Desde 2019, el blanco más visible de las críticas ha sido Moraes.
Ese año, Jair Bolsonaro, un populista de extrema derecha, se convirtió en presidente. No era fan del tribunal. Después de que asumió el cargo, las amenazas a los jueces de la corte y sus familias aumentaron dramáticamente, dice Felipe Recondo de Jota, un sitio web de noticias centrado en el poder judicial de Brasil. En respuesta, el tribunal lanzó una investigación sobre las “noticias falsas” bajo la dirección de Moraes, y se otorgó a sí mismo el poder de investigar las amenazas y las declaraciones difamatorias realizadas contra él en Internet. Normalmente, esta competencia corresponde a los fiscales. El tribunal se convirtió así en víctima, fiscal y árbitro a la vez.
Moraes utilizó repetidamente esta trinidad para ordenar a las redes sociales que eliminaran las cuentas de políticos y personas influyentes, alegando que amenazaban a las instituciones de Brasil. En febrero de 2021 ordenó la detención de un diputado de extrema derecha, Daniel Silveira, que había subido a YouTube una diatriba cargada de improperios sobre los miembros del Tribunal. Este tipo de decisiones son prácticamente inapelables. En 2022, un día después de que el pleno del tribunal confirmara la condena a prisión de Silveira, Bolsonaro lo indultó. Pero el indulto fue anulado posteriormente por el Tribunal Supremo. Silveira sigue detenido.
En el periodo previo a las elecciones presidenciales de 2022, que Bolsonaro perdió, difundió mentiras sobre máquinas de votación manipuladas en su contra. Moraes, que también es presidente del tribunal electoral, amplió su cruzada. En agosto de 2022, autorizó a la policía a allanar los domicilios de ocho empresarios, congeló sus cuentas bancarias y ordenó a las redes sociales que suspendieran algunas de sus cuentas. Esto se debió a los mensajes de WhatsApp de los dos hombres que se habían hecho públicos, y que parecían expresar apoyo a un golpe de Estado.
Los críticos califican las tácticas de Moraes de torpes y opacas. Pablo Ortellado, de la Universidad de São Paulo, señala que no está claro cuántas cuentas se han suspendido, por qué y durante cuánto tiempo. Davi Tangerino, abogado penalista, afirma que una “investigación interminable sin un alcance definido” no es compatible con el Estado de Derecho.
Sin embargo, muchos brasileños creen que estas tácticas poco ortodoxas estaban justificadas en su momento. Enardecidos por las infundadas acusaciones de fraude de Bolsonaro, sus partidarios acamparon frente a los cuarteles militares de la capital durante dos meses antes de las elecciones, instando al ejército a dar un golpe de Estado. El 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de su oponente Luiz Inácio Lula da Silva, los fanáticos bolsonaristas asaltaron el Congreso, el palacio presidencial y el Tribunal Supremo. En lugar de reconocer su derrota, Bolsonaro siguió cuestionando el resultado desde Florida, donde se autoexilió por un breve periodo.
Otras instituciones no lograron limitar el comportamiento de Bolsonaro. Como presidente nombró a un fiscal general dócil, que archivó más de 100 solicitudes para investigarle. Algunos miembros del ejército apoyaron el golpe de Estado. La policía no desalojó a los golpistas acampados frente a los cuarteles. En febrero de este año, los investigadores revelaron que Bolsonaro poseía un documento en el que se esbozaba su plan golpista.
Habría implicado la detención de Moraes y la convocatoria de nuevas elecciones. La policía también afirma haber encontrado pruebas de que los ayudantes de Bolsonaro vigilaban el paradero de Moraes. Bolsonaro niega haber actuado mal. En este frágil contexto, el Tribunal Supremo era “el último bastión de la democracia”, dice Tangerino, aunque cree que sus acciones han ido demasiado lejos.
Mientras tanto, el Congreso de Brasil tramitaba una ley que regularía la libertad de expresión en Internet. El Senado brasileño aprobó en 2020 un proyecto de ley influido por la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, que entró en vigor en febrero, pero que se estancó en la Cámara Baja. Habría exigido a las plataformas de redes sociales y a los motores de búsqueda que presentaran informes detallando sus esfuerzos de moderación de contenidos. Las empresas se habrían visto obligadas a informar a los usuarios de la retirada de sus publicaciones y a proporcionarles instrucciones para recurrir la decisión.
Sin embargo, los legisladores se enzarzaron en disputas sobre qué instituciones debían administrar la nueva ley. Las empresas tecnológicas se enfurecieron por su exigencia de pagar a influencers y periodistas por sus contenidos. La ley se tambaleó, dejando la regulación en manos del Tribunal Supremo, explica Peter Messitte, juez que dirige un programa sobre derecho brasileño en la American University de Washington.
El 9 de abril, espoleado por la disputa entre Musk y Moraes, el presidente de la Cámara Baja dijo que crearía un grupo de trabajo para redactar un nuevo proyecto de ley de redes sociales en un plazo de 45 días. El 18 de abril, Musk acusó a Moraes de violar la legislación brasileña. X dice que el Congreso de Estados Unidos ha pedido ver las órdenes del Tribunal Supremo brasileño sobre moderación de contenidos. Para evitar presiones extranjeras, las demás instituciones brasileñas harían bien en reclamar sus responsabilidades.
Con información de THE ECONOMIST
