La política de vacunación contra COVID-19 en Estados Unidos experimentó un nuevo giro tras la decisión de un tribunal federal el 16 de marzo, que anuló modificaciones clave impulsadas por Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud y Servicios Humanos.
El tribunal bloqueó la designación de 13 miembros en el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés) —un órgano central que orienta las recomendaciones de vacunación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)— y dejó sin efecto las recientes decisiones de este panel sobre la reducción de recomendaciones para la vacuna de hepatitis B en recién nacidos y la administración generalizada de la vacuna contra COVID-19.
La sentencia, reportada por el medio USA Today, se produjo después de que la American Academy of Pediatrics y otras entidades médicas demandaron al gobierno federal por cambios en las políticas de vacunación.
Un aspecto decisivo de la resolución judicial consistió en invalidar la reestructuración del ACIP ejecutada por Kennedy, quien había removido a los 17 integrantes originales y designado a nuevos miembros vinculados a movimientos antivacunas. El fallo determinó que el panel estaba “constituido de forma ilegal”, lo que anuló todas sus actuaciones recientes en materia de inmunización.
Como consecuencia inmediata, el encuentro del ACIP previsto para el 18 y 19 de marzo quedó pospuesto sin nueva fecha definida. Además, la validez de las recomendaciones cambiadas tanto para las dosis de hepatitis B en recién nacidos como para la vacuna de COVID-19 se vio suspendida, lo que en la práctica devuelve el sistema de vacunación a las pautas anteriores a los nombramientos de Kennedy y sus colaboradores.
Actualmente, el protocolo para la inmunización contra hepatitis B en bebés establece una dosis inicial dentro de las 24 horas de vida, una segunda entre 1 y 2 meses y una tercera entre los 6 y 18 meses, en correspondencia con el esquema seguido por la American Academy of Pediatrics.
Restricciones y cambios recientes en el acceso a vacunas COVID-19
En agosto de 2025, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó una actualización de la vacuna contra COVID-19, pero restringió su distribución a mayores de 65 años, así como a personas mayores de 6 meses con condiciones médicas preexistentes, quienes pueden acceder sin necesidad de prescripción médica, según USA Today.
Posteriormente, en septiembre de 2025, el ACIP aún bajo la dirección de Kennedy propuso que toda persona desde los seis meses de edad pudiera recibir la vacuna siempre que la decisión fuera consensuada con un profesional de la salud, procedimiento conocido como “decisión clínica compartida”. Esta recomendación fue adoptada oficialmente por los CDC el 6 de octubre.
La autoridad para administrar la vacuna incluye a médicos, enfermeros licenciados y farmacéuticos. Además, las directrices del CDC permiten que los pacientes se autodeclaren inmunosuprimidos de forma moderada o grave para recibir la vacuna, bastando una confirmación verbal o escrita.
No obstante, al cancelar Kennedy en agosto las autorizaciones de uso de emergencia para estas vacunas, la disponibilidad quedó sujeta a nuevas restricciones.
El secretario Kennedy Jr., no especificó públicamente cuáles son las condiciones que califican como “de alto riesgo”, aunque los CDC listan enfermedades crónicas habituales como asma, cáncer, nefropatía, diabetes, obesidad, trastornos del ánimo y antecedentes de tabaquismo entre los factores elevadores del riesgo.
Reacciones y enfrentamientos entre organismos médicos
La exclusión de la vacuna contra COVID-19 para niños sanos y mujeres embarazadas de los calendarios federales, anunciada por Kennedy en mayo de 2025, enfrentó un fuerte rechazo por parte de la American Academy of Pediatrics.
Esta institución consideró que el proceso federal ya no tenía credibilidad y, en agosto de ese año, publicó su propio calendario de vacunación, respaldado por el American College of Obstetricians and Gynecologists y la American Academy of Family Physicians.
Según la recomendación consensuada por estas organizaciones y recogida por USA Today, todos los niños de 6 meses a 23 meses deberían recibir la vacuna más reciente contra COVID-19 para disminuir el riesgo de cuadros graves. Además, niños y adolescentes entre dos y 18 años —sin factores de mayor riesgo como inmunosupresión— pueden y deben recibir la vacuna si aún no la han recibido.
Cambios estructurales en el calendario vacunal estadounidense
Durante su gestión al frente del HHS, Kennedy eliminó cuatro vacunas del calendario pediátrico y dispuso la separación de la triple vírica (MMR, contra sarampión, paperas y rubéola) en dos inmunizaciones independientes, alegando que esta reducción de dosis alinea a Estados Unidos con otros países desarrollados.
El calendario actualizado sostiene las inmunizaciones para 11 enfermedades, entre ellas sarampión, paperas y varicela, y clasifica otras enfermedades como objetivo de campañas dirigidas a grupos de alto riesgo o deja la decisión en manos de los progenitores junto con el médico.
En el contexto de la judicialización y los cambios regulatorios, varios estados norteamericanos aprobaron marcos legales propios para garantizar el acceso a las vacunas COVID-19 e instituyeron alianzas regionales como la West Coast Health Alliance y la Northeast Public Health Collaborative.
La evolución de la política vacunal en Estados Unidos, marcada por decisiones judiciales y disputas entre autoridades sanitarias y organizaciones médicas, mantiene en suspenso la protección sanitaria de amplios sectores de la población infantil y adulta frente a ciertas enfermedades.
Con información de Infobae
