Un juez de Honduras prohibió este viernes que salga del país la diputada del Partido Nacional, la primera fuerza de la oposición, Gladis Aurora López, acusada de malversación de caudales públicos por uso diferente en un proyecto de electricidad.
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte, dijo a periodistas que un juez natural de Primera Instancia dictó medidas sustitutivas a la prisión contra López y al exjefe de Planificación e Ingeniería del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (FOSODE) Ricardo Enrique Padilla.
Señaló que, de acuerdo con la resolución del juez, “existen indicios para que continúe el proceso” contra López y Padilla, quienes se defenderán en libertad, pero no podrán salir del país y deberán firmar un control semanal en el juzgado.
El portavoz judicial indicó que la defensa de López y de Padilla tiene tres días para apelar la resolución del juez natural.
Tras conocer la resolución, la diputada López dijo a periodistas: “Nunca tuve el dominio de esos materiales”, y aseguró que apelará la resolución judicial.
El Ministerio Público (Fiscalía) acusa a la diputada de malversación de caudales por uso diferente al retirar materiales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) destinados a un proyecto de electrificación en el municipio de Opatoro, departamento central de La Paz, los cuales posteriormente fueron encontrados en un proyecto privado en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras.
Según la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la diputada López firmó en junio de 2021 un acta solicitando materiales de electrificación para un proyecto social en la comunidad de La Ceibita, Opatoro, argumentando que tenía lista la mano de obra para su ejecución. Sin embargo, dicha comunidad ya contaba con electricidad desde 2019 debido a un proyecto municipal.
En junio de 2022, se constató a través de una inspección de campo de FOSODE que los materiales retirados por la diputada “no estaban en dicha comunidad” y fueron hallados en un proyecto privado en la ciudad de San Pedro Sula”, por lo que la Fiscalía calificó la acción como “constitutiva de malversación de caudales por uso diferente, ya que causó un perjuicio de 291.486 lempiras (11.394 dólares) al Estado”, añade la Fiscalía hondureña.
Por su parte, Padilla es acusado de violar los deberes de los funcionarios al “omitir su responsabilidad de supervisar que el proyecto fuera ejecutado conforme a lo establecido en el acta” y de emitir una constancia asegurando que la iniciativa “no causaba ningún daño al medio ambiente, a sabiendas de que en esa comunidad ya había electricidad”, señaló la Fiscalía.
Con información de EFE
