Cuando un padre tiene un hijo de pocos años de vida, en general suele recurrir a varios argumentos para no enviarlo a la escuela. “Mi hijo es muy chiquito”, es una de las frases que se suele escuchar. “Prefiero que sea cuidado en casa”, es otra de las razones repetidas. Así surge de la Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud (Endis). Hay otros motivos que pesan a la hora de tomar la decisión: el miedo a que el niño se enferme, la falta de oferta pública, la distancia, las dificultades con el horario.
Los datos que surgen de esta encuesta son una dificultad para lograr lo que Uruguay tiene en carpeta desde hace tiempo: tender a que la educación sea universal desde los tres años. Y este miércoles esa idea tomará un nuevo impulso con un proyecto de ley que presentará el senador de la oposición Robert Silva, quien durante el gobierno de Luis Lacalle Pou fue presidente del organismo rector de la educación pública uruguaya (la ANEP).
El proyecto que presentará Silva este miércoles extiende la obligatoriedad de la educación desde los tres años, informó El Observador. Hasta ahora en Uruguay es obligatoria desde los cuatro años. Desde la coalición oficialista Frente Amplio, la propuesta es vista con buenos ojos, lo que provoca que tenga buenas chances de ser aprobada en su trámite parlamentario.
Aunque no es obligatorio, con el paso de los años las inscripciones de alumnos de tres años en centros educativos ha aumentado. En 2010, había un 54% de inscritos de tres años; la cifra creció hasta el 80% en 2023.
La evidencia muestra que los niños que comienzan a asistir antes a un centro educativo, tienen mejores desempeños, según consigna el medio uruguayo. La futura directora de la Educación Primaria de Uruguay, Gabriela Salsamendi, expresó que a esa edad los centros de estudios son “una garantía para la matriz de protección”. Es decir, bajo la mirada de un educador se podría saber si el niño sufre violencia, si está bien higienizado y si come correctamente.
En la exposición de motivos del proyecto de ley, Silva cita al premio Nobel de Economía James Heckman, quien asegura que invertir en la educación de la primera infancia es una política estatal eficaz para el crecimiento económico ya que el retorno financiero de cada peso invertido es de los más altos.
Pero una de las dificultades que tiene esta propuesta es la creencia de los padres de que enviar a los menores no es del todo positivo. A la idea de que es mejor que el menor se quede en la casa, se le suma el pensamiento de que la “educación inicial no es tan importante” o que los centros educativos son “una simple guardería”, según reveló hace más de 10 años una encuesta de Unicef.
El pago de asignaciones familiares es una modalidad de coerción que tienen los gobiernos para que la medida de la obligatoriedad sea efectiva, aunque el éxito de estas transferencias está en debate. El futuro presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, cree que el solo hecho de que el servicio sea obligatorio ya implica un cambio cultural y de recursos a disposición.
Esta no es la única propuesta legislativa sobre educación que tiene cierto consenso entre los partidos políticos. Otro de los proyectos de ley ingresados impulsa extender la cantidad de días que los niños van al aula.
El senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley junto a su compañero de partido Tabaré Viera en el que propone que el calendario escolar garantice un mínimo de 200 días de clase efectivos durante el año lectivo. En la exposición de motivos del proyecto de ley, argumenta que cada vez es “más necesario fortalecer al sistema educativo” para que sea “capaz de brindar una educación de calidad”.
Con información de Infobae
