eso de las 8:30 pm del 21 de octubre nos compartió su ubicación y después perdimos contacto con ellos”, relata María José Sánchez, haciendo referencia a la última conversación que sostuvo con su cuñada, Myleden Al Kardy, de 29 años de edad, y sus otros tres familiares desaparecidos hace más de dos meses en la isla de San Andrés, Colombia, cuando salieron con destino a Nicaragua. País que le serviría de tránsito para, finalmente, llegar a Estados Unidos y reencontrarse con su esposo, hija y demás seres queridos.
De acuerdo con la información que manejaba María José, su familia, oriunda de San Juan de Colón, estado Táchira, debía llegar a Nicaragua entre las 5:00 am y las 8:00 am del día siguiente, pero no fue así. Pasaron las horas y seguían esperando un mensaje que nunca llegó.
En vista de que los intentos por comunicarse fueron infructuosos, decidieron contactar a los guías que trabajaban en San Andrés para saber si tenían alguna información sobre la embarcación IAS II en la que viajaban los 40 migrantes.
Producto de la angustia y su afán por saber del paradero de sus seres queridos, comenzaron a comunicarse -a través de grupos en la red social Facebook- con familiares de otros desaparecidos y entre todos elaboraron una lista con los nombres de quienes presuntamente iban a bordo de la embarcación.
“A ciencia cierta no se puede saber cuántas o cuáles personas iban en esa lancha, pero más o menos se estableció un listado con base en quienes se sabía que salían a la misma hora, que era a las 8:00 pm de San Andrés”, resaltó.
El papel de las autoridades
Tras lo ocurrido ese 21 de octubre, familiares de los 40 migrantes desaparecidos establecieron contacto con autoridades en Colombia, Costa Rica y Nicaragua para que se emprendiera la búsqueda de la lancha y sus pasajeros lo antes posible. No obstante, señalan que el camino ha sido cuesta arriba y que la solicitud de ayuda no ha fluido como esperaban.
“La Armada colombiana dijo que haría una búsqueda de dos horas diarias por una semana, pero solo lo hicieron un día y ya; después dijeron que enviaron una fragata para una búsqueda de 30 días, cosa que tampoco sabemos si es cierto o no, porque luego nos comunicamos con la Naval de Nicaragua y dijeron que la Armada colombiana suspendió la búsqueda a los ocho días”, enfatizó María José.
También acudieron a la Fiscalía en Colombia e incluso llenaron un registro de personas desaparecidas que les solicitaron en San Andrés y que -según afirma- nunca procedió, por tanto, tuvieron que hacer el mismo procedimiento, pero desde Bogotá. Aún siguen esperando respuestas.
Tanto su familia como la de los otros migrantes desaparecidos se sienten ignorados por las autoridades, pues a más de dos meses de lo ocurrido es nula la información que manejan sobre el paradero de sus seres queridos, pese a todos los esfuerzos emprendidos por su parte.
“Sabemos que están vivos”
Las familias de los desaparecidos tras zarpar desde la isla de San Andrés tienen la convicción de que están vivos, aunque se han manejado distintas versiones que indican lo contrario.
“Hubo una teniente en San Andrés que dijo a los cuatro días de lo sucedido que ellos se habían ahogado y que se los comieron los tiburones, como para que la gente no siguiera buscando”, dijo Sánchez.
Pese a las declaraciones de esa teniente que señala María José, tanto su familia como la de los demás desaparecidos no confían en dicha hipótesis y afirman tener razones de peso para creer que están vivos y que no naufragaron como quieren hacerles ver.
“No aparecieron restos de la lancha ni un salvavidas, solo unos pasaportes, algunas cédulas y documentos en Costa Rica, hasta un papel donde mi cuñada tenía anotados los datos de su esposo y esa hoja estaba intacta, nunca se mojó en 11 días que supuestamente estuvo en el agua”, se cuestionó.
De hecho, otras de las evidencias que les hacen descartar la posibilidad de una tragedia a mar abierto son las conexiones activas en los perfiles de Facebook de sus familiares y hasta las ubicaciones de sus teléfonos celulares que aparecen reflejadas en distintas regiones.
“Estamos seguros de que no fue un naufragio, pero tampoco podemos echarle la culpa a alguien porque no sabemos si es que salió de control la lancha y los agarró alguien más o alguna otra situación similar, pero de que están vivos, están vivos”, afirmó María.
Incluso, las familias se han unido para sumar esfuerzos y emprender acciones por su cuenta. Crearon una página en la plataforma GoFundMe con la finalidad de recaudar dinero que sería usado para costear un sobrevuelo turístico entre Nicaragua y Costa Rica, de modo que pudiesen revisar la zona y dar parte a las autoridades en caso de avistar algo, pero en Nicaragua no les dieron respuesta sobre los permisos y en Costa Rica buscaron un día y no consiguieron nada.
Una isla sin ley
A más de dos meses de la desaparición de su cuñada y demás familiares, María José asegura que más que hacer un llamado de atención a las autoridades de los países que han estado involucrados en la investigación, envía un mensaje a quienes están contemplando la posibilidad de llegar a los Estados Unidos usando esta ruta a través de la isla de San Andrés que, si bien evita el cruce por la selva del Darién, no deja de ser un trayecto peligroso a mar abierto.
“Aún siguen saliendo lanchas como si nada hubiese pasado y no es la primera vez que personas desaparecen, entonces es importante que tomen conciencia sobre los riesgos, porque esos viajes te los venden como si fuesen una maravilla y esa no es la verdad”, insistió.
Ni para ella, su familia o la de los demás migrantes desaparecidos han sido días fáciles. Sus vidas dieron un vuelco total desde aquel 21 de octubre a las 8:30 pm cuando perdieron contacto total con sus familiares y a raíz de ello, la angustia y la impotencia se convirtieron en sentimientos recurrentes, pero aún así, mantienen viva la esperanza de dar con su paradero lo antes posible.
La isla de San Andrés, en Colombia, se ha convertido en una alternativa para los migrantes indocumentados que desean llegar hacia los Estados Unidos evitando el cruce por la selva del Darién. No obstante, esta ruta es igualmente peligrosa al tener que navegar a mar abierto por más de 8 horas para llegar a Centroamérica y seguir su camino. De hecho, según cifras de la Defensoría colombiana, en lo que va de 2023 las autoridades han rescatado a más de 400 personas en ese tramo, de las cuales 89 son menores de edad.
Con información de El Diario
