Coalición Canaria (CC) pidió al Gobierno español que retome los contactos con la administración de Nicolás Maduro para restablecer el convenio bilateral que permitía reconocer en España el carné de conducir venezolano, suspendido desde 2021 por la falta de verificación oficial por parte de Caracas.
La iniciativa fue introducida como una proposición no de ley por la diputada Cristina Valido, quien solicitó que el Congreso inste al Ejecutivo a abrir conversaciones bilaterales con las autoridades venezolanas. El objetivo central es diseñar un protocolo técnico que permita comprobar la autenticidad de los permisos de conducir emitidos en Venezuela y, con ello, reactivar el Convenio de Canje suscrito el 16 de mayo de 2005.
De acuerdo con el texto, dicha reactivación debe estar respaldada por “mecanismos seguros y eficaces de comprobación documental”, que garanticen la fiabilidad del proceso y minimicen el riesgo de fraude.
Mesa técnica y participación de organismos clave
La propuesta de CC también incluye la creación de una mesa de trabajo especializada, encargada de diseñar un protocolo específico para verificar los permisos venezolanos “sin generar discriminación colectiva”. En esta instancia participarían representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Dirección General de Tráfico (DGT), el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la Embajada de Venezuela en España, organizaciones de la sociedad civil vinculadas al fenómeno migratorio y voceros de la comunidad venezolana residente en territorio español.
Programa piloto con condiciones específicas
Mientras se negocia la eventual reactivación definitiva del convenio, la diputada Valido planteó la puesta en marcha de un programa piloto. Este estaría limitado a licencias emitidas en formato de tarjeta plástica antes de 2017 y que cuenten con verificación favorable del Consulado de España en Venezuela.
Además, los solicitantes deberían demostrar que eran residentes legales en España antes de la expedición del permiso y aprobar un examen teórico simplificado sobre normativa española específica en materia de tránsito.
Informe sobre impacto social y laboral
La iniciativa propone, igualmente, la elaboración de un informe en un plazo máximo de seis meses que analice de forma detallada las consecuencias sociales, económicas y laborales derivadas de la suspensión del Convenio. Este documento también debería revisar las medidas de verificación empleadas en otros acuerdos bilaterales, la viabilidad técnica y jurídica de las distintas alternativas de reactivación y las mejoras que Venezuela tendría que implementar para cumplir el punto 9 del acuerdo firmado en 2005.
En el marco del principio de igualdad de trato, CC pide que cualquier medida extraordinaria aplicada al caso venezolano se extienda de manera proporcional al resto de convenios de canje vigentes, con el fin de evitar discriminaciones basadas en la nacionalidad.
Acuerdo que facilitó la integración
En la exposición de motivos, Coalición Canaria recordó que el canje de cartas entre España y Venezuela, suscrito en 2005, permitió durante más de una década el reconocimiento recíproco y el intercambio de permisos de conducir sin la necesidad de presentar exámenes adicionales. Este mecanismo, apuntan, contribuyó a facilitar la movilidad, así como la integración social y laboral de miles de personas.
La suspensión de 2021 y sus consecuencias
España decidió suspender la aplicación del convenio en marzo de 2021, amparándose en los artículos 57.b) y 60.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, debido al “reiterado incumplimiento” de Venezuela en el deber de confirmar la autenticidad de los permisos, tal como establecía el punto 9 del acuerdo bilateral.
Según el documento citado por Europa Press, esta medida ha afectado de forma directa a más de 222.891 ciudadanos venezolanos con residencia legal en España, así como a miles de españoles retornados. La suspensión los ha obligado a invertir entre 1.500 y 2.500 euros para obtener un permiso español desde cero y ha limitado sus oportunidades de empleo, sobre todo en zonas rurales y en sectores como el transporte, la logística, la distribución, el cuidado a domicilio y los territorios insulares.
Con información de Sumarium
