El primer ministro británico, Keir Starmer, se mostró este lunes a favor de abordar el problema de la migración ilegal de igual manera que el terrorismo, por considerar que el problema de las personas que entran en los países en situación irregular suponen un factor «clave de seguridad global».
El líder laborista inauguró hoy en el palacete de Lancaster House, en el centro de Londres, una reunión con representantes de más de 41 países para tratar la manera de encontrar una solución a la migración ilegal y desbaratar las bandas delincuentes que lucran con la miseria de las personas que huyen de su países.
«La migración ilegal es un factor clave de inseguridad global. Socava nuestra capacidad de controlar quién viene aquí, y eso enfurece a la gente. Me enfurece, francamente, porque es injusto para la gente trabajadora común que paga las consecuencias» y «es injusto para los propios inmigrantes ilegales, porque son personas vulnerables que están siendo explotadas sin piedad por bandas deshonestas», agregó.
Hay que tratar la delincuencia organizada migratoria de la misma manera que se hace con la amenaza terrorista, dijo Starmer, que pidió «soluciones pragmáticas» para lidiar con el problema.
«Debemos combinar nuestros recursos, compartir inteligencia y tácticas, y abordar el problema desde el principio en cada etapa de las rutas de tráfico de personas», ya desde el norte de África y Oriente Medio hasta las calles británicas.
Recordó que la formación del llamado Comando de seguridad fronteriza del Gobierno británico permitirá ayudar a lidiar con la migración irregular, después de que hubiera una fragmentación entre la policía, la fuerza de fronteras y las agencias de inteligencia.
Las bandas criminales, resaltó, «explotan la desesperación y la miseria» de los migrantes y «no hay nada progresista ni compasivo en hacer la vista gorda».
Dijo que, desde que llegó al poder, el Reino Unido ha deportado a más de 24.000 personas que no tenían derecho a estar en el país, y también comunicó la introducción de legislación que obligará a todas las compañías a investigar a las personas que contratan para establecer si tienen derecho a trabajar en el país.
Se tratará de un sistema que será fácil y que las empresas podrán hacer sin ningún gasto adicional, pero de no cumplir con ello, se enfrentarán a cuantiosas multas, cárcel o el posible cierre de sus instalaciones.
Con información de EFE
