Telegram ha comunicado a la Comisión Europea que sigue sin alcanzar los requisitos para que Bruselas la considere una gran plataforma y tenga que cumplir, por tanto, las obligaciones más estrictas de la ley de servicios digitales que la Unión Europea ha aprobado para regular el contenido en internet.
Así lo aseguró a EFE el portavoz de Mercado Interior de la Comisión Europea, Thomas Regnier, el mismo día en que la justicia francesa debe decidir si deja en libertad o presenta cargo contra el fundador de Telegram, Pável Dúrov, tras su detención el pasado viernes.
La ley de servicios digitales establece que las empresas que tengan al menos 45 millones de usuarios mensuales en la UE estarán sujetas a una mayor transparencia sobre las medidas que llevan a cabo para combatir el contenido ilegal.
Telegram, que hasta ahora había comunicado que contaba con 41 millones de usuarios, debía actualizar la información a finales de agosto y en el nuevo intercambio de información con la Comisión ha insistido en que no alcanza los requisitos, sin concretar la cifra exacta personas que utilizan la plataforma, según el portavoz.
No obstante, Bruselas seguirá llevando a cabo sus propios cálculos sobre el número de usuarios con los que cuenta la plataforma en la UE.
A la hora de calcularlos, no tiene en cuenta el total de usuarios que Telegram tiene en la UE, sino solo los que se registran en los canales de la aplicación, dejando al margen los que la emplean para enviarse mensajes personales con otras personas, de tal manera que únicamente se tienen en cuenta aquellas prestaciones que más la asemejan a una red social.
La Comisión Europea se desmarcó el lunes de la detención de Dúrov, asegurando que se trata de una investigación penal en Francia que nada tiene que ver con el cumplimiento de la ley de servicios digitales, una norma que Telegram sí debe cumplir a pesar de que no se la considere una gran plataforma.
En concreto, debe tener un sistema para que las autoridades o los usuarios avisen de la existencia de contenido ilegal y eliminarlo rápidamente tan pronto como tenga conocimiento de su existencia.
Pero no tiene que cumplir las obligaciones más estrictas del reglamento, como la de realizar un informe anual previo a cualquier advertencia sobre los riesgos que la plataformas puede tener en la sociedad, ni someterse a auditorías externas de los poderes públicos ni de la sociedad civil.
El multimillonario ruso de 39 años, que también tiene nacionalidad francesa y de Emiratos Árabes Unidos, fue detenido el pasado viernes al llegar en un avión privado al aeropuerto de Le Bourget, próximo a París.
Con información de EFE
