Las tensiones bilaterales, las crisis diplomáticas y una creciente polarización política en los países de Iberoamérica rodean a la celebración de la XXIX Cumbre Iberoamericana, un punto de encuentro para la integración y conciliación regional que tendrá lugar en la andina ciudad de Cuenca (Ecuador) el 14 y 15 de noviembre.
En ocasiones anteriores, la contraposición de posturas sobre las situaciones de Cuba o Venezuela había dividido a la región, pero ahora se suman al debate diversas crisis diplomáticas entre otros países, lo que hace que este sea uno de los momentos de mayor fricción política entre los veintidós países de la comunidad iberoamericana.
La mayor atención está puesta sobre Venezuela y la crisis derivada de las últimas elecciones, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como ganador al presidente Nicolás Maduro, mientras que gran parte de la comunidad internacional no reconoce esos resultados y exige transparencia en la publicación de las actas electorales.
Algunos países, como Ecuador, el anfitrión de la Cumbre, incluso han reconocido como presidente electo al candidato opositor Edmundo González Urrutia, que recibió asilo en España ante el riesgo de ser detenido en Venezuela por no aceptar la decisión del CNE.
Al menos 19 extranjeros han sido detenidos en Venezuela acusados de presuntamente «conspirar» contra el Gobierno de Maduro, dos de ellos españoles, mientras que el chavismo ha acusado al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España de estar detrás de esta operación, sin mostrar pruebas al respecto y pese a que España ha negado que sus dos nacionales formen parte del organismo.
También el Gobierno de Maduro ha tensado relaciones con gobiernos de países con buena relación como Brasil y Colombia, que piden la publicación de las actas electorales.
Antes de las elecciones, el asesinato del exteniente opositor Ronald Ojeda en febrero en Chile llevó a que las autoridades chilenas apuntaran a un posible móvil político del crimen, dirigido desde Venezuela.
Otro hecho que impactó a la región fue el asalto policial ordenado en abril por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a la Embajada de México en Quito para detener a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa (2007-2017) condenado por corrupción que, al declararse como perseguido político, había recibido asilo diplomático del Gobierno del entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
Esto llevó a la rotura total de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, que a su vez han iniciado un litigio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. En solidaridad con México, Venezuela y Nicaragua también rompieron todo tipo de relación con Ecuador.
Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia, México ha anunciado que mantendrá su demanda contra Ecuador en la CIJ, además de insistir con otros reclamos en política exterior emprendidos por López Obrador, como la solicitud de disculpas de España por el periodo colonial.
López Obrador, que dio asilo a la familia de Castillo, llegó a llamar «usurpadora» a Dina Boluarte, la sucesora de Castillo, y a excusar su ausencia en la última reunión de líderes del Foro Económico Asia-Pacífico (APEC) por no querer aparecer en la misma fotografía con ella. Incluso se rehusó durante varios meses a entregar a Boluarte la presidencia rotatoria de la Alianza del Pacífico.
Ni Noboa ni Boluarte fueron invitados a la reciente investidura de Sheinbaum, y producto de la encarcelación de Castillo también otros países con gobiernos de izquierda como Colombia y Nicaragua rompieron relaciones con Perú y retiraron a sus embajadores.
Otro rifirrafe diplomático reciente fue el protagonizado por Argentina y España, quienes retiraron sus embajadores después de que el presidente argentino, Javier Milei, no aceptase disculparse por sus declaraciones sobre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez.
Recientemente ambos gobiernos acordaron designar a nuevos embajadores, a pocas semanas de la celebración de la Cumbre Iberoamericana.
En agosto retiraron sus respectivos embajadores Brasil y Nicaragua, después de que el embajador brasileño en Managua no asistiese a la conmemoración del 45 aniversario de la revolución sandinista, lo que fue tomado como una afrenta por el presidente Daniel Ortega.
Esto terminó de romper la relación entre Ortega y su homólogo brasileño, Lula Da Silva, una vez que el brasileño tratase sin éxito de interceder a petición del papa Francisco en favor del religioso Rolando Álvarez, preso en Nicaragua.
Con información de EFE
