A finales de 2010 e inicios de 2011, Venezuela sufrió los embates del cambio climático con intensas lluvias que dejaron víctimas y centenares de damnificados que perdieron la totalidad de sus viviendas y enseres, y quedaron en la intemperie.
El presidente Hugo Chávez -una vez controlada la furia de la naturaleza- ideó una forma de proteger a la población y para ello llamó a atender a las familias venezolanas que habían quedado sin techo propio a consecuencia de las intensas lluvias.
De esta forma, el 7 de mayo de 2011, el Gobierno Bolivariano puso en marcha la Misión Gran Vivienda Venezuela, que protegió, inicialmente, a 2 millones de familias. Luego, rápidamente, se extendió al resto de la población, principalmente a aquellas familias que por razones económicas, debido al alto costo de los inmuebles del mercado especulativo, no habían podido adquirir una casa propia.
Este gran apoyo de la Revolución al pueblo ha sido icónico durante más de una década. Tan es así que el presidente Nicolás Maduro, luego de haber entregado la vivienda 4 millones 900 mil, firmó la Reforma de la Ley del Régimen de Prestación de Vivienda y Hábitat para la clase obrera, trabajadores y la familia venezolana, el 1° de mayo de 2024, lo que se convirtió en un inédito instrumento de protección social.
Techos dignos
Con este instrumento legal se garantizará un acceso directo de los trabajadores a la asignación de vivienda y a su financiamiento, por cuanto se trata de un precepto que establece un conjunto de derechos para avanzar con el Plan de la 7 Transformaciones (7T) y llegar a la meta de 7 millones de techos dignos, objetivo planteado por Maduro y “poner en el centro del esfuerzo a los trabajadores organizados, a la clase obrera, a los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras”.
En opinión del parlamentario Ricardo Molina, esta ley da capacidad a los trabajadores organizados para “poder gestionar y acceder a nuevas formas de crédito desde las instituciones donde trabajan y para poder avanzar en la consecución de vivienda”.
Explicó que se garantiza la participación directa de la clase trabajadora en la junta directiva del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) para proponer, revisar y evaluar los criterios para el otorgamiento de los financiamientos de acceso a la vivienda, “lo que deja la figura del paternalismo a un lado”.
El también diputado Rafael Chacón celebró que la clase trabajadora pueda tomar decisiones políticas con esta inclusión porque “existe un carácter mixto en nuestra economía entre los sectores públicos y privados y que ahora tiene mayor sentido por el bloqueo criminal a que nos quieren someter fuerzas imperiales”.
Con esta ley se incorporan las distintas formas de participación de la clase trabajadora en la gestión de la producción de vivienda y hábitat bajo las modalidades de autoconstrucción, cogestión y autogestión, las cuales han demostrado ahorro de tiempo y recursos financieros en los procesos constructivos.
Además, garantiza la participación de las cajas de ahorro y otros fondos similares de la clase trabajadora.
En este sentido, Chacón dijo que, con el aumento en la construcción de viviendas, “la economía venezolana crecerá enormemente al elevarse en función del empleo generado”.
Fuerza trabajadora en acción
La Reforma a Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat fue sancionada por la Asamblea Nacional, por unanimidad, y se trató del resultado de las jornadas de consulta pública en todos los estados del país, donde participaron cerca de 10.000 trabajadores del sector público y privado.
Con información de ÚN
