Más de 500 días después de haber llevado al TSJ un recurso sobre el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) los trabajadores universitarios siguen a la espera de una respuesta.
«Ya son 505 días», explica Adrián Bolívar, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos Obreros de la Educación Superior en Venezuela (Fenasoesv).
Las autoridades universitarias aseguran haber recibido vía Telegram, el 3 de marzo de 2022, un instrumento relacionado con el ajuste del sistema de remuneración de la administración pública.
Supuestamente el instructivo no existe, según dictamen del TSJ de agosto de 2022. El tribunal, incluso, señaló la existencia de una «matriz comunicacional que se ha venido creando en los últimos meses, pretendiendo imputar a la ONAPRE y, en fin, al Estado venezolano, un acto cuya existencia no ha sido demostrada y, por ende, mucho menos su autoría, con lo cual, a pesar de su inexistencia, se ha utilizado para generar malestar en ciertos sectores de la colectividad, crear conflicto social y atentar contra valores y principios cardinales previstos en nuestro orden constitucional».
Los hechos son otros, porque mientras tanto el instructivo «se sigue aplicando, y más destructivo que nunca», alega. Bolívar afirma que las autoridades «dicen una cosa a la opinión pública, pero en la realidad hacen otra cosa. Dicen que el instructivo es inexistente, pero por la vía de los hechos lo están ejecutando». A las universidades «les tienen un filtro, no pueden incluir ni las horas extra de los trabajadores».
Con la decisión que tome el TSJ los gremios verán otras acciones a tomar. «Pero fuimos esta semana y nos informaron que no hay audiencia, porque están haciendo una auditoría», subraya.
El instructivo, tal como lo afirman las organizaciones, ha reducido los salarios entre 30% y 70%.
Con información de ContraPunto
