25 de septiembre del 2021

TSJ aprobó plan para agilizar juicios penales

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó un plan para agilizar los juicios de los privados de libertad recluidos en retenes policiales y cárceles nacionales. Como novedad, los magistrados dieron luz verde a las video-conferencias para celebrar audiencias en los casos en que el preso se encuentre en un territorio distinto donde le abrieron el expediente original. Y además, oficializan la celebración de audiencias dentro de los retenes policiales y centros penitenciarios, tal como se ha venido efectuando en coordinación con el Ministerio para el Servicio Penitenciario.

Esos mecanismos quedaron establecidos en la resolución 2021-01 que contiene las pautas y directrices “para el correcto desarrollo del Plan de Agilización de las Audiencias correspondientes a la Fase Preparatoria y Fase de Ejecución del Proceso Penal”. Esto se refiere a las audiencias preliminares, donde el tribunal decide si ordena o no un juicio contra el acusado y aquellas audiencias donde le imponen la condena al procesado.

En uno de sus considerandos, la resolución señala que el TSJ “en su carácter de rector del Poder Judicial, está obligado a tomar todas las acciones necesarias para garantizar la celeridad de los procesos judiciales que se hallaren en curso ante los tribunales del país”.

El Plan de Agilización establece que los tribunales deben clasificar las causas con detenidos en los Centros de Detención Policial y Centros Penitenciarios, de acuerdo con el tiempo de privación de libertad, delito, situación procesal, entre otros aspectos de carácter técnico – jurídico, a fin de priorizar las audiencias que correspondan.

Una vez hecha tal clasificación, los tribunales organizarán cada expediente y suscribirán acta digitalizada,  con los datos: ubicación telefónica y electrónica para proceder a la citación de las partes solo por esas vías digitales, dice la resolución.

Las audiencias en cárceles se realizan previa convocatoria con al menos ocho días de anticipación. Las audiencias deben iniciarse a las 9 am y culminarse ese mismo día.  No se iniciará ningún acto u audiencia donde previamente no conste en el expediente, mediante la correspondiente nota secretarial, la efectiva citación de las partes, acotan los magistrados.

“Las audiencias se llevarán a efecto con todas las medidas de bioseguridad que correspondan. Bajo ningún concepto se permitirá la participación de las partes sin los implementos de bioseguridad que sean pertinentes”, indica la resolución.

Los magistrados de la Sala Penal también aprobaron una segunda resolución, similar a la anterior, contentiva del Plan de Agilización de Juicios. Pero solo se refiere a los juicios de privados de libertad recluidos en retenes policiales. La resolución establece una reducción de lapsos para la celebración de los juicios.

Por ejemplo, en el caso de suspensión del juicio por la incomparecencia de testigos y expertos al debate, la audiencia de continuación deberá fijarse para dentro de un máximo de cinco  días hábiles. El Código Orgánico Procesal Penal establece el lapso de 15 días para la reanudación de un juicio interrumpido. Cada semana se programarán siete audiencias: cinco de inicio (apertura) de juicios y dos audiencias de continuación.

La resolución también busca garantizar la presencia de los expertos y testigos para evitar que los juicios se vean interrumpidos debido a esa causa. Por eso indican que ante la incomparecencia del testigo o experto debidamente citado, el juez de juicio deberá ordenar su conducción por medio de la fuerza pública el mismo día de decretada la suspensión del debate por esta causa, “advirtiendo al órgano comisionado del deber de informar con 48 horas de antelación  a la fecha de continuación del debate, sobre la localización del testigo o experto  para ser conducido ante la Sala de Audiencias el día y hora fijados para la referida continuación”.

Los magistrados advierten que la contravención, por parte de los jueces, secretarios y alguaciles, de las directrices respectivas, acarreará las responsabilidades disciplinarias y administrativas correspondientes.

Con información de ÚN

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