El Estado venezolano comete una falla al no tener un sistema de atención y de reclusión público para albergar a las personas con trastornos mentales que cometieron delitos, considera el abogado y criminólogo Luis Izquiel.
“Lo ideal es que una persona que tiene un trastornos mentales, y que significa un peligro para la sociedad porque ha cometido delitos, esté bajo custodia. Y en caso de que sea una persona con trastornos mentales graves debe estar bajo custodia de personas que atiendan problemas psiquiátricos”.
Declaró que en las cárceles hay recluidas personas, generalmente pobres, con distintos trastornos y que a veces no son declaradas inimputables. Ni siquiera les hacen exámenes psiquiátricos. Pueden ser excluidas por los propios privados de libertad y puestos en lugares específicos dentro de los recintos penitenciarios.
Magaly Huggins, investigadora de Una Ventana a la Libertad, explicó que la personas con estas patologías también están en los centros de detención preventiva. En estos sitios pueden estar hacinadas con otros reclusos y sin acceso a ninguna atención especial.
“Aquí no hay ningún tipo de atención especial, aunque las leyes digan lo contrario, porque en este país las leyes se acatan pero no se cumplen”.
Huggins destacó que no conoce que exista algún centro de reclusión para pacientes con trastornos mentales en conflicto con la ley penal y en caso de que existan a estos nos los llevan.
Una Ventana a la Libertad registró para 2023 hacinamiento de 189,31% en los centros de detención preventiva, un 13% más que el año anterior.
¿Imputables?
El Código Penal Venezolano establece que si una persona posee un trastorno mental grave, es decir, que no tiene capacidad de raciocinio o libertad de voluntad, no podrán someterla a un proceso penal, lo cual la hace inimputable.
En esos casos se aplican medidas de protección que consisten en el internarlos en un centro u hospital psiquiátrico bajo la orden de un juez.
El informe sobre el Sistema de Salud Mental en Venezuela de la Organización Mundial en Venezuela de 2013 detalla que existen 11 hospitales psiquiátricos disponibles en el país para un total de 4,1% de camas por cada 100.000 habitantes. Solo 5 % del presupuesto de sanidad va destinado a la salud mental.
Sin embargo, Izquiel destacó que para que esto suceda se debe realizar un examen psiquiátrico forense que determine si está en capacidad para ser detenido.
Agregó que muchas veces esta evaluación no se hace, lo cual representa una “negligencia”. El juez de la causa es quien la ordena y se hace con el apoyo de expertos psiquiátricos.
Si un individuo tiene un trastorno mental leve, sí se le considera imputable, pero su patología puede ser tomada en cuenta como un atenuante para la disminución de la pena.
Dorángel Vargas, conocido como “el comegente”, fue detenido y acusado de canibalismo en 1999 en Venezuela. Desde ese entonces permanece en una celda de los calabozos de la Policía de Táchira pese a que se determinó que padecía de esquizofrenia paranoide, lo cual lo hace inimputable.
Artículo 62 del Código Penal: no es punible el que ejecuta la acción hallándose dormido o en estado de enfermedad mental suficiente para privarlo de la conciencia o de la libertad de sus actos.
Sin embargo, cuando el loco o demente hubiere ejecutado un hecho que equivalga en un cuerdo a delito grave, el tribunal decretara la reclusión en uno de los hospitales o establecimientos destinados a esta clase de enfermos, del cual no podrá salir sin previa autorización del mismo tribunal. Si el delito no fuere grave o si no es el establecimiento adecuado, será entregado a su familia, bajo fianza de custodia, a menos que ella no quiera recibirlo.
¿Qué pasa con el caso de Rebeca García?
El abogado Izquiel explicó que en el caso de Rebeca y Francisco García, una vez que lleguen al país deben ser sometidos a una examen psiquiátrico. Ambos son pacientes con trastornos mentales que fueron detenidos en España tras recibir una orden de aprehensión desde Venezuela por varios delitos.
“Un elemento de investigación principal es determinar, cuando lleguen a Venezuela, su estado mental a través de un psiquiatra forense. A partir de allí se va a conocer si ellos pueden seguir enfrentando un proceso penal; si tienen un trastorno mental moderado que no le impide el raciocinio y la voluntad de decidir entre el bien y el mal”, explicó el abogado.
Tarek William Saab, fiscal general designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, informó que los hermanos García son pacientes psiquiátricos, y que al menos en nueve ocasiones Rebeca estuvo internada en la clínica El Cedral.
A los hermanos García les imputaron los delitos de promoción e incitación al odio, agavillamiento y exhibición de pornografía infantil.
#AVANCES
CASO REBECA GARCIA@MinpublicoVEN a través de las Fiscalías 59 y 66 Nacional, #avanza en la investigación contra los acosadores y aberrados sexuales Rebeca García y su hermano Francisco García:A) El día 09/05/24, se practicó allanamiento en vivienda de Rebeca Garcia… pic.twitter.com/fDGfZEHIJb
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) May 10, 2024
Luego de la detención de ambos en la ciudad de Madrid por la Policía Nacional de España, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ordenó su ingreso en prisión provisional y sin fianza, con intención de una posible extradición.
Según reseñó Infobae en Valdebebas, donde se encontraban los hermanos luego de huir de Venezuela, vecinos se quejaron de su comportamiento con los menores de edad.
Sin atención especializada
Una Ventana a la Libertad ha denunciado por años las condiciones de reclusión en la que se encuentran las personas privadas de libertad en los calabozos y una de las que más preocupa es la salud.
De esta realidad no se escapan las personas que tienen patologías psiquiátricas. No tienen atención médica especializada.
Magaly Huggins sostuvo que las personas que padecen trastornos mentales si no están medicadas pueden tornarse agresivas o atravesar cuadros de depresión. Cabe señalar que la depresión es un problema de salud mental ya “muy común en los centros de detención”.
“Ahí la única atención médica que reciben en los calabozos o centros de detención preventiva es cuando alguna persona cae en una situación de demasiado conflicto y peligro, entonces los sacan y los llevan para un CDI o los llevan para un centro médico, pero de regreso vuelven a las mismas condiciones. No hay ningún tipo de secuencia médica”.
La medicación que necesitan este tipo de pacientes para controlar los síntomas de sus patologías también es un factor de preocupación.
El informe de la OMS documentó que 1% de la población tiene acceso a 80% de los medicamentos psicotrópicos esenciales de forma gratuita. Al menos en 2013, fecha de la publicación.
El psiquiatra Fernando Jiménez explicó que estos pacientes consumen muchos recursos porque los tratamientos son muy largos, y en muchos casos muy costosos. Destacó que el deber del Estado es garantizar un sistema de salud que aborde la salud mental de manera integral. “Sin salud mental no hay salud posible”, dijo.
Con información de Crónica Uno
