La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) urge a la Corte Suprema de Estados Unidos a mantener el Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 348,000 venezolanos que enfrentan la amenaza de deportación tras la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de revocar esta protección vital.
Desde nuestra fundación en 2008, VEPPEX ha abogado por los derechos humanos de los venezolanos exiliados, documentando la persecución política y la crisis humanitaria que han forzado a más de 7.7 millones de personas a huir de Venezuela. El TPS, otorgado en 2021 y 2023, ha permitido a cientos de miles de venezolanos construir vidas estables en Estados Unidos, contribuyendo a sus comunidades mientras buscan refugio de la violencia, la inseguridad alimentaria y la represión en su país de origen. La orden del juez federal Edward Chen, emitida el 31 de marzo de 2025, protegió justamente esta designación hasta octubre de 2026, y pedimos a la Corte Suprema que preserve esta decisión.
Una crisis humanitaria sin precedentes
Venezuela sigue sumida en una de las peores crisis humanitarias del hemisferio. Según la ONU, el 80% de la población enfrenta inseguridad alimentaria, y la hiperinflación, proyectada en 500% para 2025, ha destruido el poder adquisitivo. La represión política del régimen ha resultado en miles de presos políticos y una diáspora que no puede regresar sin riesgo de persecución o muerte. Deportar a los beneficiarios del TPS violaría el principio de no devolución (non-refoulement), exponiéndolos a condiciones inhumanas y peligros mortales.
Contribuciones esenciales a los Estados Unidos
Los venezolanos con TPS son parte integral del tejido social y económico de los Estados Unidos. El 74% de los beneficiarios están empleados, muchos en sectores esenciales como la salud, la construcción y la hospitalidad, y el 57% poseen títulos universitarios. Según estudios de 2023, aportan $13,000 millones al PIB y $1,300 millones en impuestos anualmente. Su deportación no solo devastaría a sus familias, sino que causaría pérdidas económicas significativas en estados como Florida, Texas y Nueva York, donde han establecido raíces profundas.
Una decisión arbitraria y discriminatoria
La revocación del TPS por parte del DHS, anunciada en febrero de 2025, fue arbitraria, caprichosa y motivada por prejuicios, en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) y los principios constitucionales de igual protección. Las declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, han asociado injustamente a los venezolanos con criminalidad, ignorando datos que muestran sus bajas tasas de delitos. Precedentes judiciales, como Ramos v. Nielsen (2018) y Saget v. Trump (2019), han rechazado intentos similares de terminar el TPS por motivos impropios, y este caso no debería ser la excepción.
Un llamado a la justicia
Respetuosamente instamos a la Corte Suprema a:
Mantener la orden del juez Chen, que protege a los beneficiarios del TPS de la deportación y asegura su estabilidad hasta octubre de 2026.
Considerar el daño irreparable que enfrentan los venezolanos, sus familias y las comunidades estadounidenses si se permite la revocación del TPS.
Reconocer las violaciones legales y los prejuicios que subyacen en la decisión del DHS, reafirmando el compromiso de la nación con la justicia y los derechos humanos.
Con información de La Patilla
