Las víctimas del caso judicial contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe solicitaron este lunes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la ONU y a otras organizaciones que envíen observadores internacionales para el juicio contra el exmandatario.
“La bancada de víctimas anuncia que recurrirá a la CIDH, al Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU y a ONG reconocidas internacionalmente para que designen observadores internacionales que acompañen el juicio, en procura de asegurar el cumplimiento del derecho a la justicia y el respecto por los jueces y magistrados que la imparten”, expresaron las víctimas, lideradas por el senador izquierdista Iván Cepeda.
El jueves pasado comenzó el juicio contra el expresidente colombiano por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal.
En este juicio, en el que por primera vez un expresidente de Colombia responde penalmente, la jueza Sandra Liliana Heredia tendrá que decidir si la Fiscalía tiene razón en la acusación contra el exmandatario o si por el contrario, como alega la defensa, Uribe no es culpable de esos cargos.
Las víctimas acusaron a Uribe y su defensa de una “campaña sistemática de desprestigio y persecución en contra de los magistrados y jueces que han actuado en el proceso” y afirmaron que “han acudido a distintas maniobras con el propósito de que opere la prescripción de la acción penal”.
El caso Uribe
La larga querella se remonta a 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Contrario a lo esperado por Uribe, la Corte Suprema de Justicia no abrió investigación contra el congresista de izquierdas y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos.
El juicio comenzó luego de que el martes pasado el Tribunal Superior de Bogotá admitiera como pruebas las interceptaciones que en 2018 le hizo la Corte Suprema a Uribe.
La defensa de Uribe había pedido que esas interceptaciones no fueran tenidas en cuenta, iniciativa que no prosperó y por eso pidió aplazar el inicio del juicio, algo que tampoco logró.
Uribe renunció en agosto de 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la Justicia ordinaria y entonces la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente.
Por ello solicitó hasta en dos ocasiones la preclusión del caso, que fue negada tanto por los juzgados de primera instancia presentados como por el Tribunal Superior de Bogotá, hasta que este el año pasado la Fiscalía decidió acusarlo.
Con información de EFE
