La Asamblea Nacional aprobó este jueves 11 de junio, en primera discusión, el proyecto de Ley para la Protección de la Actividad Ganadera, con el objetivo de sustituir un marco legal que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, calificó como «preconstitucional» y desfasado ante la realidad del campo.
Rodríguez cuestionó la inoperancia de las sanciones actuales, señalando que «si hay presencia de un ganado robado en un determinado sitio, tienen hasta 90 días para certificar que ese ganado no le pertenece a la persona; en 90 días, lo digo yo, ese ganado ya estaría en Ecuador».
Durante la sesión, la diputada Gerardina Parada, quien se definió como productora y médico veterinario, enfatizó la urgencia de establecer mecanismos de control efectivos: «Esta ley pretende establecer mecanismos expeditos de restitución productiva, garantizando que los semovientes recuperados en inspecciones de control sean devueltos de inmediato a sus legítimos poseedores bajo figuras de custodia activa».
Asimismo, la parlamentaria abogó por diseñar un régimen de sanciones que actúe «como un elemento disuasivo contundente frente a la informalidad, el contrabando de extracción y la alteración de sistemas de control».
Por su parte, el diputado Julio César Reyes, en representación de la fracción Libertad, apoyó la iniciativa pero advirtió sobre la grave falla en la protección contra el delito. Reyes relató cómo productores del estado Barinas, tras ser víctimas de robos de alta genética, vieron cómo los implicados «en un lapso de 48 horas estaban en libertad plena», lo que genera que «el productor agropecuario no se sienta protegido».
Ante esto, exigió que en la segunda discusión se incorporen «sanciones ejemplarizantes, sanciones penales para que el productor ganadero que ha sido víctima de abigeato y de invasiones de sus unidades productivas se sienta con mayor seguridad».
En respuesta a estas preocupaciones, el presidente Jorge Rodríguez anunció la conformación de una comisión mixta entre las comisiones de Economía y Política Interior, trabajando junto a la Fiscalía General de la República, para la definición del régimen sancionatorio.
El compromiso de la plenaria es que, durante el proceso de consulta pública, se logre un blindaje legal que garantice, tal como expresó el diputado Wilmar Castro Soteldo, que sea «una ley que vaya en favor de los micros, pequeños y medianos productores», asegurando así la verdadera protección de la actividad ganadera en el país.
Con información de AVN
