China aplicará a partir del 15 de septiembre un nuevo reglamento que permite prohibir la salida del país a ciudadanos implicados en actividades consideradas «dañinas para la seguridad nacional», una disposición que ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y consultoras especializadas en el país asiático.
La normativa, promulgada por el Consejo de Estado (Ejecutivo) el pasado 31 de julio, consta de 19 artículos y busca, según el propio Gobierno, «regular la administración de salida y entrada» y «salvaguardar la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo» del país.
Su artículo 4 contempla tres motivos para impedir la salida de un ciudadano chino. Los dos primeros plantean una prohibición de entre seis meses y tres años por haber sido sancionado por fraude documental o por entrar o salir del país de forma ilegal y por haber realizado en el extranjero actos que China considere una amenaza para su seguridad nacional.
El tercer supuesto se aplica a quienes hayan infringido las normas de control de exportaciones o de importación y exportación de tecnología, un caso para el que el reglamento no fija ningún límite de tiempo a la prohibición.
Por su parte, el artículo 5 endurece el control de entrada a extranjeros y prevé prohibiciones de entrada de entre uno y cinco años para quienes presenten documentos falsos al solicitar acceso al país, hayan cometido fraude migratorio o hayan sido sancionados por obstaculizar el control fronterizo, y permite denegar visado o entrada a quienes figuren en listas de contramedidas.
El artículo 6 obliga a notificar a las personas a las que se prohíba la salida, aunque exime de este trámite los casos que puedan afectar a la seguridad nacional o a investigaciones penales en curso.
La norma introduce, además, un sistema de registro obligatorio para las agencias intermediarias que prestan servicios de inmigración, visados y trámites afines, gestiones que quedan vetadas para empresas e instituciones extranjeras, aunque sí podrán realizarlas las de capital extranjero legalmente constituidas en China.
Sin suficientes garantías
La publicación del reglamento ha despertado críticas entre organizaciones de derechos humanos, entre ellas Human Rights in China (HRIC), que este mismo miércoles fue incluida por Pekín en su lista de entidades sancionadas por, según las autoridades chinas, apoyar las restricciones estadounidenses relacionadas con el supuesto trabajo forzoso en Xinjiang.
Antes de conocerse esa decisión, la organización había denunciado que sea la propia misión diplomática china en el extranjero la que decida si las acciones de un ciudadano chino residente fuera del país «ponen en peligro la seguridad e intereses nacionales», sin contar con tribunal, acusación formal, defensa o sentencia.
La organización también expresó preocupación porque el afectado solo se entera de la prohibición al regresar a China, y advirtió de que eximir de notificación los casos que puedan afectar a la seguridad nacional deja precisamente las causas de tipo político sin garantías procesales.
La consultora Trivium China, por su parte, señaló que el nuevo reglamento formaliza la prohibición de salida a personal técnico clave, una práctica que hasta ahora operaba de manera informal, al incluir de forma explícita el control de exportaciones como motivo para impedir la salida del país.
El Consejo de Asuntos Continentales (MAC) de Taiwán también expresó este miércoles su preocupación al juzgar que contiene disposiciones de seguridad nacional definidas de forma «vaga» y otorga así a las autoridades una «amplia discrecionalidad» para restringir la libertad de movimiento, lo que podría aumentar los riesgos de sus ciudadanos que viajen al país.
Con información de EFE
