La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú aprobó un informe que recomienda acusar e inhabilitar 10 años a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de control de la judicatura, una decisión que tendrá que ser ratificado por el pleno del Parlamento.
El informe propone destituir e inhabilitar durante 10 años el ejercicio de cargos públicos a los siete magistrados del organismo por «infracción constitucional».
Votaron a favor de este 14 congresistas, cuatro lo hicieron en contra y hubo dos abstenciones.
Los que apostaron por aprobar el informe son parlamentarios de grupos de derecha o ultraconservadores, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Somos Perú, aunque también tomó la misma postura el partido marxista Perú Libre.
Por otro lado, se opusieron a la acusación e inhabilitación de los magistrados congresistas de izquierda, Cambio Democrático-Juntos por el Perú y Perú Bicentenario, así como el derechista Podemos Perú.
En un primer momento, el informe solo planteaba acusar a seis de los magistrados por infracción constitucional y que sea la Fiscalía que los investigue, pero luego, el congresista derechista Esdras Medina añadió una propuesta para destituirlos e inhabilitarlos y añadió a la integrante de la JNJ, Luz Tello.
Este informe tendrá que ser debatido y votado por la Comisión Permanente del Congreso, y luego, los miembros de la JNJ podrán defenderse en el pleno del Parlamento, donde este tendrá que ser ratificado.
El pasado 2 de febrero, la Justicia de Perú declaró fundada la demanda de amparo que presentaron los miembros de la Junta Nacional de Justicia, para que se anulara otro proceso iniciado en el Congreso y que pretendía destituir a sus integrantes.
Así, declaró nulo «todo lo actuado a partir de la imputación de cargos que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos formuló contra los referidos integrantes titulares de la JNJ».
La decisión también exhortaba al Congreso a que legisle sobre la tipificación de las conductas de los miembros de la JNJ que constituirían «causa grave» para la remoción de sus cargos, conforme al artículo 157 de la Constitución.
En la resolución, afirma que no se puede permitir «que el Congreso de la República inicie y continúe con investigaciones destinadas a la remoción de aquellos con actos u omisiones que no se encuentran tipificadas como «causa grave», afectándose principios y derechos constitucionales».
Pero el tribunal declaró improcedente la pretensión de nulidad del Acuerdo del Pleno del Congreso, del 7 de septiembre de 2023, mediante el cual encargó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la investigación sumaria a los miembros de la JNJ «por causa grave».
Desde hace meses, el Poder Legislativo y el máximo órgano de la judicatura mantienen un enfrentamiento, desde que la Comisión de Justicia del Congreso recomendara destituir a los magistrados de la JNJ por supuestas «faltas graves».
En la demanda de amparo presentada por los integrantes de la JNJ, estos argumentaron que «sería incompatible con una democracia constitucional que los miembros de la Junta Nacional de Justicia se encontraran sujetos al control político, lo que significaría que para permanecer en sus cargos necesitarían de la confianza de la mayoría de los congresistas».
Con información de EFE
