Un juez federal condenó al Estado brasileño a pagarle una indemnización por daños morales de 79.200 reales (unos 16.163 dólares) a la viuda de João Goulart, el presidente que fue depuesto en el golpe militar de 1964, por la persecución que sufrió durante la dictadura.
La sentencia fue dictada el 24 de diciembre pasado por el juez Bruno Risch Fagundes de Oliveira, de la ciudad de Porto Alegre, pero solo trascendió este miércoles tras su publicación en el Diario Oficial de la Justicia Federal.
De acuerdo con el magistrado, Maria Thereza Goulart, esposa del fallecido presidente, sufrió una persecución política y se tuvo que exiliar con sus hijos durante el régimen militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985.
La exprimera dama alegó en su demanda que el 1 de abril de 1964, fecha en que los militares tomaron el poder, tuvo que abandonar a las prisas la residencia oficial de la Presidencia, junto con sus hijos, que en la época tenían 6 y 8 años.
Afirmó que por la urgencia tuvo que abandonar en Brasilia la mayoría de sus pertenencias, incluso joyas, y que hasta el rebaño de las haciendas que Goulart tenía en el sureño estado de Río Grande do Sul fue saqueado por quienes apoyaban el golpe.
Dijo igualmente que su familia fue obligada a exiliarse en Uruguay hasta 1973 y en Argentina hasta 1975, países que tuvo que abandonar igualmente por golpes de Estado, y que en el exterior se enteró de un plan de la dictadura para secuestrar sus hijos.
La familia del expresidente viajó a Inglaterra en 1976, tras la muerte de Goulart en condiciones que han sido objeto de investigaciones y sospechas, y tan solo regresó al país con la redemocratización.
Según la viuda, Goulart tenía una carrera empresarial y política exitosa antes de ser depuesto, ya que era en empresario rural y había ejercido como diputado, ministro y vicepresidente, pero tras el golpe perdió también sus fuentes de sustento.
El juez acató sus alegatos y dijo que el Estado tiene la obligación de indemnizarla por los daños morales que sufrió al ser obligada a exiliarse por motivos políticos y por la injusta privación de sus derechos.
«El grupo familiar del expresidente tuvo que soportar los daños provocados por el acto de excepción, que comenzaron con su fuga del territorio nacional y se extendieron a lo largo de más de una década y media de persecución política, tal y como lo admite el proceso que tramitó en la Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia», afirma la sentencia.
La Abogacía General de la Presidencia, que representó al Estado en el proceso, alegó que la viuda de Goulart no fue detenida ni sufrió torturas o agresiones por parte del Estado brasileño y que ella misma admitió en entrevistas que no tuvo dificultades económicas durante el exilio.
Con información de EFE
