El Gobierno de Hungría ordenó en 2023 la puesta en libertad de 2.021 extranjeros condenados por tráfico de personas, debido a la saturación de las prisiones y bajo la condición de que abandonaran suelo húngaro inmediatamente, algo que ha sido criticado por varios países vecinos.
Así lo ha informado al diario digital Hvg la Dirección General del Servicio Penitenciario Nacional.
El Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán decidió el pasado abril que los traficantes de personas que no hubieran cometido otros delitos podrían librarse de la cárcel si abandonaban Hungría en tres días.
El Ejecutivo justificó la medida por la saturación de las prisiones y el coste de mantener a esos delincuentes en la cárcel.
La Comisión Europea (CE) abrió tres meses después un procedimiento de infracción contra Hungría por esta medida, al entender que no incluía ningún mecanismo para verificar si los condenados seguían cumpliendo sus condenas en sus países de origen.
Austria, fronteriza con Hungría, protestó al considerar que esa puesta en libertad suponía una amenaza de seguridad.La gran mayoría de los refugiados e inmigrantes que entran de forma ilegal en Hungría siguen luego hacia Austria su huida de la miseria y la guerra en sus países de origen en Asia o África.
El Gobierno húngaro mantiene una muy restrictiva política contra los inmigrantes, con vallas en las fronteras y leyes muy severas que hacen casi imposible la petición de asilo. Además, practica devoluciones en caliente hacia Serbia, un país no comunitario.
Pese a estas medidas, tanto Austria como la también vecina Eslovaquia han informado sobre la entrada en su territorio de centenares de inmigrantes irregulares desde Hungría, primer país miembro de la zona de Schengen en la llamada ruta de los Balcanes por donde los refugiados llegan a la Unión Europea.
Con información de EFE
