El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción por «grave conmoción interna» en 10 provincias y tres municipios del país. La medida entra en vigor inmediatamente por un periodo de sesenta días y se aplica apenas dieciséis días después de haber finalizado el anterior régimen de excepción.
Las provincias afectadas son Pichincha (donde se encuentra la capital, Quito), Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay. Además, la norma abarca los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y La Troncal (Cañar).
El decreto faculta a las fuerzas de seguridad a intervenir para «precautelar la protección interna, el restablecimiento, mantenimiento y control del orden público», así como para neutralizar actividades criminales. Una de las suspensiones más significativas es la de la inviolabilidad del domicilio, lo que permite allanamientos sin orden judicial previa ante sospechas de ilícitos.
Esta decisión contrasta con declaraciones recientes de Noboa desde Estados Unidos, quien afirmó que no ampliaría el estado de excepción anterior, sino que implementaría uno nuevo si era necesario. Desde que declaró el «conflicto armado interno» en enero de 2024, el mandatario ha utilizado sucesivamente esta figura legal, variando su alcance geográfico y temporal, incluyendo toques de queda nocturnos en meses previos.
Pese a estas medidas de mano dura y la catalogación de bandas criminales como «terroristas», la violencia no ha cedido, ya que, según cifras del Ministerio del Interior, Ecuador cerró el año 2025 con un récord de aproximadamente nueve mil 300 homicidios, posicionándose como el país con la tasa más alta de Latinoamérica.
Con información de VTV
