La Fundación El Amparo Internacional, representada por el defensor de derechos humanos Walter Márquez, formalizó ante la Fiscalía 21 —con destino al Fiscal Superior del estado Aragua— la adición y ampliación de una denuncia penal contra el exministro de Educación Superior, Ricardo Sánchez, y el exviceministro César Centeno.
La acción legal fundamenta acusaciones por graves hechos de corrupción, violación del debido proceso y estructuración de una red de delincuencia organizada que afectó directamente la autonomía de la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA) y perjudicó a 132 estudiantes universitarios de la extensión Táchira.
Retención de títulos y presunta extorsión
De acuerdo con las declaraciones brindadas por Márquez, la estructura presuntamente dirigida por Sánchez y Centeno mantuvo congelados durante más de un año y medio los títulos universitarios de las víctimas, exigiéndoles la suma de 150.000 dólares para su entrega.
«Hemos consignado una adición y ampliación de la denuncia por graves hechos de corrupción y violación de derechos humanos en contra de la Universidad Bicentenaria de Aragua y especialmente de 132 estudiantes a quienes les retuvieron sus títulos y les exigieron 150.000 dólares por parte de una estructura de delincuencia organizada.» — Walter Márquez, presidente de la Fundación El Amparo Internacional.
Ante la gravedad del caso, la representación legal solicitó formalmente al Ministerio Público librar órdenes de captura internacional y tramitar una Alerta Roja ante la Interpol en contra de ambos exfuncionarios.
Estrategia legal y escalada internacional
El equipo jurídico y de representación de las víctimas ha diseñado una estrategia de exigencia de justicia en tres niveles: Regional/Local ante la Fiscalía Superior del Estado Aragua y Tribunales Tramitación de denuncia penal y solicitud de órdenes de aprehensión. Nacional ante la Defensoría del Pueblo y Ministerio de Educación Superior con la exigencia del respeto a la autonomía universitaria y garantía de derechos constitucionales. Y por ultimo Internacional ante la CIDH (OEA – Washington) y Misión de Verificación (ONU – Ginebra) Solicitud de medidas cautelares de protección para los estudiantes afectados.
Próximos pasos procesales
Márquez enfatizó que las autoridades deben actuar dentro del «plazo razonable» y garantizando la celeridad procesal. De no obtenerse una respuesta oportuna en las vías ordinarias del sistema judicial venezolano, la defensa no descarta la interposición de un recurso extraordinario de amparo constitucional.
Asimismo, hizo un llamado al actual titular del Ministerio de Educación Superior para que se restituyan de inmediato las garantías constitucionales, se devuelvan los títulos retenidos y se respete de manera integral la autonomía de la casa de estudios.
Vía: Nota de prensa
