Juez chileno es acusado de otorgar “beneficios” a presos del Tren de Aragua

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Foto: Archivo

Una investigación reveló que el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Chile, Daniel Urrutia, habría otorgado beneficios a cuatro integrantes del Tren de Aragua, quienes se encuentran bajo arresto en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS).

Según medios chilenos, dos de los reos fueron sorprendidos por funcionarios penitenciarios de Gendarmería, mientras presuntamente hablaban por videollamada con terceras personas, en medio de una reunión con su abogado defensor.

Al parecer, el juez Urrutia ordenó la realización de videollamadas de los reos con terceras personas, las cuales no estarían autorizadas por la administración penitenciaria.

A pesar de la oposición de las autoridades, el juez ratificó su resolución. Por tal razón, la institución recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago, donde alertaron la gravedad de esta.

“Considerando el perfil criminológico de la población penal de la Unidad Especial en comento, el nivel de operatividad que ostenta el crimen organizado y que requiere su combate, la administración interna del REPAS exige estándares de seguridad y segmentación mucho más elevados”, señala un documento citado por el medio Meganoticias.

“Que los prisioneros puedan comunicarse con terceros, es particularmente grave pues, mediante una resolución judicial, se pretende establecer un Régimen Penitenciario excepcional, poniendo en jaque a la administración”, señala.

Suspenden resolución del juez

Ante este hecho, la Justicia decretó una orden de no innovar, la cual suspende la resolución dictada por el magistrado.

La Gendarmería chilena detalló que los reos realizaron videollamadas con familiares, mientras permanecen en prisión preventiva en la cárcel de Alta Seguridad.

Se trata de Carlos González Vaca, alias “El Estrella”, presunto líder de la organización criminal, y Hernán Landaeta, alias “Satanás”.

La situación se registró el 23 de enero, cuando el abogado defensor, Claudio Cofré, pidió autorización para reunirse privadamente con los acusados, a lo que el tribunal accedió.