La creciente siniestralidad de motorizados en Venezuela ha encendido las alarmas, siendo la principal causa la combinación de factores como la falta de educación vial, la imprudencia, el exceso de velocidad y la nula fiscalización del uso de equipos de seguridad adecuados.
Esta problemática no solo deja un saldo trágico de hasta cuatro fallecidos al día, sino que también ejerce una presión insostenible sobre los centros asistenciales. Ante esto, la sociedad civil y especialistas han demandado una reforma urgente de la Ley de Transporte que contemple la capacitación obligatoria y el uso de cascos integrales certificados para todos los conductores de motocicletas.
La ingeniera Celia Herrera, presidenta de Sotravial, subrayó en una entrevista en Unión Radio, que la alta siniestralidad en el país se debe en gran medida a la impunidad a la hora de sancionar las infracciones. Enfatizó que el problema va más allá de los daños materiales y lesionados, y se centra en la trágica pérdida de vidas, un enfoque que también prioriza la Organización Mundial de la Salud (OMS) a nivel global.
En la reseña, Herrera asegura que las leyes ya existen; el reglamento parcial de la Ley de Transporte regula claramente la circulación de motos (prohibiendo más de dos personas, el traslado de menores de 10 años, entre otros), pero advierte que todas estas disposiciones «quedan en letra muerta si no hay quien fiscalice, supervise y aplique las normas«.
La especialista insiste en que ejercer la autoridad y aplicar sanciones disuasivas es el camino para acabar con la anarquía y cambiar el comportamiento en el espacio público, a la vez que se deben impulsar campañas de concienciación sobre la alta vulnerabilidad del motorizado, cuyo «parachoques es su cuerpo«.
Con información de El Impulso
