En este sentido, William Saab detalló que esta medida busca determinar quiénes optan a la libertad bajo los parámetros de la nueva norma, la cual excluye de forma taxativa los delitos de homicidio, crímenes de lesa humanidad, corrupción, tráfico de drogas y violaciones graves a los derechos humanos.
Del mismo modo, explicó que durante el fin de semana, una mesa técnica de alto nivel operó desde la sede del Ministerio Público para dar cumplimiento a la ley en la que participó el presidente de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía, diputado Jorge Arreaza; el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante; los parlamentarios Pedro Carreño y Carolina Carreño; además por el Poder Judicial asistió la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, y la presidenta de la Sala Penal, Elsa Gómez, junto a los directores generales de la Fiscalía.
Saab destacó que el Ministerio Público ejerce su rol como titular de la acción penal para garantizar que el proceso sea riguroso y la revisión se enfoca especialmente en los casos vinculados a los sucesos poselectorales del 28 de julio de 2024.
Asimismo, mencionó que este esfuerzo da continuidad a las políticas de clemencia y diálogo que el presidente Nicolás Maduro impulsó entre agosto y diciembre de 2024, periodo en el cual se otorgaron medidas cautelares a ciudadanos sin responsabilidad directa en hechos violentos.
También, resaltó que la implementación de esta ley cobró velocidad tras el anuncio que realizó la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, el pasado 30 de enero y antes de finalizar el mes de febrero, el sistema de justicia ya completa las fases de discusión, aprobación en Gaceta Oficial y ejecución de solicitudes ante los tribunales competentes.
Tarek William Saab, detalló que el proceso cuenta con el apoyo de los órganos auxiliares de justicia, integrados por cuerpos policiales y militares, quienes validan la información técnica de cada expediente, y aseguró que el trabajo mantendrá su ritmo actual hasta procesar la totalidad de los casos vinculantes que prevé la ley, con el fin de consolidar la estabilidad política y la paz social en el país.
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