La justicia de República Dominicana imputó por homicidio involuntario a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set de Santo Domingo, cuyo derrumbe en abril del 2025 dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos durante un concierto de merengue del artista Rubby Pérez.
La medida, que envía el caso a la instancia de juicio de fondo (fase clave en el proceso penal), fue adoptada por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien mantuvo la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público y que rechaza la petición de los demandantes que buscaban agravarla a homicidio voluntario, al alegar que los dueños conocían el deterioro del inmueble.
El juez Mejía también ratificó las medidas de coerción contra los imputados, que incluyen garantía económica, presentación periódica y prohibición de salida del país.
Además, ordenó la inmovilización de bienes de los imputados por un monto de hasta 500 millones de pesos (unos 8,3 millones de dólares) como medida cautelar.
Tras la sentencia, el Movimiento Justicia Jet Set, que agrupa a sobrevivientes y a familiares de los fallecidos en la tragedia, expresó, a través de un comunicado, «su respeto institucional por las decisiones judiciales», pero considera insuficiente el fallo emitido por el tribunal en esta etapa del proceso.
El magistrado sostuvo que los imputados no tenían intención de provocar la tragedia. Sin embargo, dicho movimiento cuestionó esa conclusión, al afirmar que el homicidio voluntario con dolo eventual —la recalificación jurídica que esta agrupación defendía— «no requiere intención directa de matar, sino valorar si, conociendo un riesgo grave, previsible y evitable, se decidió continuar actuando pese a la posibilidad del resultado».
Con información de EFE
