Clement Voule, relator especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de asociación y reunión pacífica, pidió el lunes que se realice una consulta pública inclusiva sobre el proyecto de ley que prepara la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, para regular las ONG en Venezuela.
A través de sus redes sociales, Voule señaló que el gobierno nacional debe realizar consultas públicas que garanticen una participación segura y significativa de la sociedad civil antes de sancionar la normativa.
«Tomo nota del anuncio de la Asamblea Nacional sobre las consultas públicas del proyecto de ley sobre las ONG. Insto a las autoridades a asegurar consultas inclusivas, garantizando la participación segura y significativa de la sociedad civil», expresó el relator de la ONU mediante su cuenta en la red social X (antes Twitter)
Agregó que las «autoridades deben tener en cuenta las observaciones de las OSC y revisar el proyecto de ley en línea con las normas internacionales de derechos humanos».
Voule también recordó que las autoridades venezolanas están obligadas a garantizar el funcionamiento de las ONG sin limitaciones y según lo establece el derecho de asociación.
La Asamblea Nacional anunció a principios de mes que sometería a consulta pública el cuestionado proyecto de ley para fiscalizar y regular el funcionamiento de las ONG en el país.
El pasado viernes 19 se informó que la consulta pública continuaba, pero se desconoce cuándo los diputados de la Comisión de Política Interior, que preside Diosdado Cabello, estima concluir el informe para la segunda discusión artículo por artículo en la plenaria.
Si bien el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, pidió que se llamara a las organizaciones sujetas a la normativa, a la fecha, al menos las dedicadas a la defensa de los derechos humanos en Venezuela, no han sido convocadas por la AN.
El proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines ya fue aprobado en primera discusión el 23 de enero de 2023.
De acuerdo con el proyecto de ley, las ONG tendrán prohibido recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos, realizar actividades políticas, promover o permitir actuaciones que, según el régimen, atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República.
El proyecto también contempla multas de hasta 12.000 dólares a las ONG que no se registren en el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, una entidad de control.
Asimismo, obliga a las ONG a declarar la identidad y procedencia de las donaciones que reciben.
Sobre el proyecto, la ONG Provea denunció que se trata de un «acto inconstitucional, de extralimitación legal y grave quebrantamiento de las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales».
Indicaron que las autoridades de Venezuela profundizan «su política de criminalización, persecución y eventual suspensión e ilegalización de organizaciones de la sociedad civil autónomas e independientes».
